Solicitada prisión preventiva para cuatro acusados por homicidio de niño de 10 años en Santiago

El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva como medida cautelar para cuatro personas acusadas de causar la muerte de un niño de 10 años y herir a otras dos personas en el sector La Cambronal, en Santiago.

Entre los acusados se encuentran Starlin Fernando Núñez Jiménez, Yeifri Francisco Fajardo Rodríguez (Trini), Kelfry Antonio Toribio Payán y Daniel Vargas Pérez (Danielito).

Los cuatro enfrentan cargos por homicidio por heridas de bala contra Kerventz Derosier, de 10 años, así como por causar lesiones con proyectiles a Luis Fernando Valerio Alcántara y a un adolescente de 16 años cuya identidad se omite por razones legales.

De acuerdo con el Ministerio Público, los acusados llevaron a cabo el acto mientras se desplazaban en un vehículo, el cual supuestamente funciona como un punto de venta de drogas en La Cambronal.

Durante la detención del grupo, se les confiscó una pistola marca Taurus PT92, serie TYC66, calibre 9, junto con dos cargadores, un chaleco antibalas y un automóvil Hyundai Y20 de color blanco con placa A827140, que presuntamente utilizaron en el ataque.

Tanto la investigación del Ministerio Público como la de la Policía Nacional concluyen que tanto la víctima fallecida como las personas heridas, que resultaron alcanzadas por las balas mientras caminaban por el área, no tenían ninguna relación con el incidente.

Agrega que el objetivo de los pistoleros eran las personas que supuestamente dirigían dicho establecimiento de sustancias ilícitas.

Vínculos con “La J”

Las pesquisas de las autoridades indican que los cuatro procesados forman parte de la supuesta estructura criminal de Joel Ambioris Pimentel García, conocido como “La J”, investigado mediante la Operación Halcón IV, que fue desplegada el pasado martes en Santiago y otras provincias.

Entre otros delitos, a alias “La J” le atribuyen la amenaza de matar al hijo de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.

Además, acusan a esa supuesta red de sicariato, acciones de cibercrimen, negocios ilícitos en las cárceles y soborno a autoridades.