Más de veinte organizaciones sociales expresaron su rechazo al proyecto de Código Penal que fue aprobado en la Cámara de Diputados, y exhortaron al Senado a revisar y corregir aquellos artículos que puedan entrar en conflicto con la Constitución dominicana, para evitar que la ley sea declarada inconstitucional.
Estas organizaciones señalan que el código continúa permitiendo la violencia contra niñas, niños y adolescentes, al excluir del concepto de violencia intrafamiliar las agresiones realizadas con fines disciplinarios, lo que vulnera los derechos humanos protegidos por la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, manifestaron preocupación porque la tipificación del delito de ultraje podría afectar derechos como la libertad de expresión y el principio de legalidad. En particular, critican la prohibición de publicar grabaciones sin el consentimiento de la persona afectada, ya que esto puede entrar en conflicto con la libertad de expresión, el derecho a la información y el interés público, especialmente cuando se trata de denuncias de abuso policial que suelen hacerse visibles gracias a su difusión en redes sociales o medios de comunicación.
Además, indicaron que la definición del delito de espionaje contiene términos vagos y ambiguos, sin precisar cuáles son los intereses fundamentales protegidos, qué se considera información confidencial ni el nivel de dolo requerido. Esto podría facilitar arbitrariedades y persecuciones políticas.
Otro punto crítico es la exclusión de las tres causales del aborto, lo que afecta derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como el derecho a la vida, la salud, la dignidad y la integridad de las personas.
Aunque reconocen que los diputados hicieron ajustes necesarios tras jornadas de trabajo intensas, consideran que las modificaciones no son suficientes para proteger a la ciudadanía ni para garantizar sanciones efectivas contra la corrupción, sin importar quién sea el responsable.