Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que protestan en el sur del Perú han causado la muerte este lunes a 17 personas en la ciudad de Juliaca, varios de ellos por heridas de bala, con lo cual los fallecidos en las movilizaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte se elevaron a 46.
Según los reportes del Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los 17 manifestantes fallecieron en los enfrentamientos ocurridos en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, epicentro de las protestas que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones en este año y una asamblea constituyente
La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, dijo a Canal N que entre las víctimas hay una menor de 17 años y lamentó que la movilización de este lunes en Juliaca «se haya tornado muy violenta».
En este sentido, mencionó que los manifestantes usan «armamento casero» y los exhortó a actuar de forma pacífica sin «estos niveles de violencia».
«La solución a este problema es política. Por eso nuestro llamado al Congreso y al Gobierno para que encuentren una salida real», concluyó.
Por su parte, el director de la Dirección Regional de Salud (Diresa) en Puno, Ismael Cornejo, explicó al mismo medio que el primer fallecido de este lunes murió por una herida de bala en la cabeza y el segundo por una herida de bala en el pulmón, que le destrozó ese órgano.
Agregó que la población denunció el sobrevuelo de helicópteros, a baja altura, para lanzar bombas lacrimógenas y disparos a los manifestantes.
Además de las personas muertas en los choques directos con las fuerzas del orden, la Defensoría reportó un deceso por «hechos vinculados al bloqueo de vías» en el distrito de Chucuito, también en Puno.
Se trata de un bebé de 35 semanas que falleció en la ambulancia que lo trasladaba a un hospital regional, donde había sido derivado a un especialista al presentar insuficiencia respiratoria y sepsis.
Hasta el momento, la presidenta Boluarte no se ha pronunciado sobre las 17 muertes de este lunes, con las que ya suman 46 las personas que perdieron la vida en un mes con ella en el cargo.
De este total, 36 de murieron en enfrentamientos y otras 7 «por accidente de tránsito y hechos vinculados al bloqueo» de vías, según la Defensoría.
Horas antes de que se confirmaran los fallecidos, la mandataria declaró que los sectores de extrema izquierda que apoyaron al destituido expresidente Pedro Castillo en el fallido golpe de Estado están ahora pidiendo una serie de demandas que solo son «pretexto para seguir generando el caos en las ciudades».
La jefa de Estado afirmó que la «izquierda radical ya cambió de mensaje», después de reclamar inicialmente la liberación de Castillo en las manifestaciones de protesta, y que «ahora están diciendo» que ella se quiere «quedar hasta 2026».
Sin embargo, Boluarte recordó que ya pidió al Congreso el «adelanto de elecciones» para 2024 y el Parlamento lo aprobó en su primera votación requerida, por lo que debe ser ratificado en una segunda ronda.
Además, señaló que estos líderes de «izquierda radical» están pidiendo la convocatoria a una asamblea constituyente, el cierre del Parlamento y la libertad de Castillo, temas que no están en sus manos, pues «el que quiso cerrar el Congreso ahora está preso».
«Les están engañando, les están mintiendo, no está en mis manos. (…) Si quieren ganar las próximas elecciones, no mientan, no engañen, tengan la valentía de decir la verdad», expresó Boluarte durante la instalación de una sesión del acuerdo nacional, que agrupa a los representantes de los poderes del Estado, fuerzas políticas y gobernadores regionales en el Palacio de Gobierno.
Después de una tregua por Navidad, las protestas en el sur del país, donde están Cuzco, Puno y Apurímac, se han reanudado desde el miércoles pasado y algunas regiones anuncian paros indefinidos y movilizaciones, lo que ha generado cierre de terminales y transporte dado que los mayores enfrentamientos con la Policía se han registrado en las inmediaciones de estos lugares.
Poco después, el primer ministro, Alberto Otárola, denunció que hay en marcha un «ataque organizado hacia el estado de derecho y a las instituciones» y un «golpe de Estado», del que responsabilizó a los manifestantes.
En una declaración sin preguntas, Otárola afirmó que los enfrentamientos ocurridos en Juliaca fueron «un ataque organizado, sistemático de vandalismo y de organizaciones violentas hacia el estado de derecho y las instituciones» de la sureña región de Puno.
«Como si estuvieran en un escenario de guerra, han tratado de tomar el aeropuerto», manifestó tras aseverar que la responsabilidad es de «quienes quieren dar un golpe de Estado».
Agregó que esta acción movilizó a alrededor de 9.000 personas en Juliaca y que unas 2.000 «iniciaron un ataque sin cuartel contra la Policía (…) generando una situación extrema».
Otárola anunció que en las próximas horas el Gobierno de Dina Boluarte anunciará «medidas importantes sobre la seguridad pública» y exhortó a la Fiscalía de la Nación (general) a investigar los enfrentamientos, que también dejaron 75 policías heridos, «muchos de ellos en estado de gravedad».
El Gobierno departamental de Puno, región ubicada a más de 1.200 kilómetros al sur de Lima y fronteriza con Bolivia, decretó 3 días de duelo en toda su jurisdicción por las 17 muertes registradas durante las violentas protestas que se reportaron este lunes en la ciudad de Juliaca.
El decreto, que fue publicado con la firma del gobernador Richard Hancco Soncco, dispuso el duelo regional desde este martes y hasta el próximo jueves «en razón a los trágicos sucesos ocurridos en la provincia de San Román», donde se encuentra Juliaca, para «aunarse al dolor de las familias dolientes y solidarizándonos con la población afectada».
En ese sentido, el decreto dispuso que en todas las entidades públicas de la región icen la bandera nacional a media asta «en señal de duelo y solidaridad, durante el periodo de duelo regional».
El Ejecutivo regional señaló que tomó la decisión en cumplimiento de las leyes que establecen que estas instancias tienen autonomía política y administrativa en los asuntos de su competencia».
Invocó, además, a la Fiscalía a que comience «las investigaciones contra los responsables de estos deplorables hechos que enlutan a la región Puno» y rechazó «cualquier acto de violencia y el uso exagerado de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas del Perú, en la ciudad de Juliaca».