Importantes figuras políticas y funcionarios públicos esperan medida de coerción en el caso Operación Calamar.

En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se respira tensión en la espera del fallo de la jueza Kenya Romero de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional en el caso Operación Calamar.

Las defensas de los imputados y los medios de comunicación ya se encuentran en el lugar, este último aguardando en los pasillos por la decisión de la jueza sobre la medida de coerción para los imputados. El fallo determinará si los acusados serán enviados a prisión o no.

Los imputados del caso Operación Calamar, entre los cuales se encuentran destacados políticos y funcionarios públicos, esperan ansiosos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva la decisión de la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, sobre la medida de coerción que se les impondrá.

El país se mantiene en vilo a la espera del fallo de la medida de coerción que la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, emitirá hoy contra los imputados del caso Operación Calamar, entre los cuales figuran importantes figuras políticas y públicas. En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, las defensas de los imputados y los miembros de la prensa esperan con expectación el veredicto de la jueza.

Entre los arrestados que se les conocerá medida de coerción se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

La imputación del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.