El Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó un recurso de amparo presentado por varios partidos políticos contra el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto y la Junta Central Electoral (JCE).
La decisión se basó en que el recurso fue presentado fuera del plazo establecido de 60 días que dicta la Ley 137 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales desde el 20 de junio de 2011.
El TSA también desestimó una excepción de inconstitucionalidad propuesta por los partidos de oposición (PLD, FP y PRD) contra el artículo 51 de la Ley 80-23 del Presupuesto General del Estado para el ejercicio 2024.
Los partidos políticos no pudieron recurrir a la alta corte para impugnar la decisión del gobierno de no duplicar los fondos asignados a los partidos políticos en el presupuesto del año 2024, ya que no presentaron sus reclamaciones antes del 20 de febrero de 2024, fecha límite establecida tras la promulgación de la ley presupuestaria el 20 de diciembre del año anterior.