El Gobierno de Donald Trump impuso este lunes nuevas sanciones contra Brasil, en medio de la tensión generada por el proceso judicial que condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por liderar un intento golpista tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
Entre las medidas recientes, la Administración estadounidense incluyó a Viviane Barci, esposa del juez del Supremo Alexandre de Moraes, quien instruyó el juicio contra Bolsonaro. La acción se enmarca en la Ley Magnitsky, que permite sancionar a personas acusadas de corrupción o violaciones graves a los derechos humanos, y contempla el congelamiento de bienes y restricciones financieras en EE.UU. para Moraes y su esposa.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que estas sanciones buscan responsabilizar a Moraes por supuestos abusos de autoridad, creación de sistemas de censura y ataques a opositores políticos. Asimismo, el abogado del Estado brasileño Jorge Messias tuvo su visado suspendido como parte de las represalias estadounidenses.
Brasil respondió con indignación. La Cancillería calificó las sanciones como un intento de injerencia indebida y “una ofensa” a la relación de 201 años con Estados Unidos. La Corte Suprema brasileña defendió que el juicio contra Bolsonaro respetó el debido proceso legal y los derechos de defensa.
En paralelo, la Fiscalía brasileña presentó una denuncia contra Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, y el bloguero Paulo Figueiredo, acusados de intentar coaccionar a la Justicia brasileña al presionar al Gobierno estadounidense para sancionar a Brasil.
La tensión diplomática se da mientras el partido de Bolsonaro busca promover en el Parlamento una amnistía para los condenados por golpismo, y el presidente Lula participa en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.