El Tribunal Superior Electoral (TSE) decidió este martes prohibir la circulación de personas armadas cerca a los locales de votación en las elecciones presidenciales de octubre, consideradas como las más polarizadas en la historia de Brasil.
En una sentencia aprobada por unanimidad por los siete miembros de la máxima autoridad electoral, el tribunal determinó que tanto civiles como militares, aunque tengan derecho a portar armas, no podrán ingresar armados a los colegios electorales ni a circular en un perímetro de al menos 100 metros de los lugares de votación.
La decisión es válida tanto para la primera vuelta, el 2 de octubre, como para una eventual segunda vuelta, el 30 de octubre, y tan sólo exceptúa a integrantes de fuerzas de seguridad que estén trabajando en las elecciones o que sean convocados por alguna autoridad electoral.
De acuerdo con la decisión, la regla valdrá por 48 horas antes de la apertura de los colegios electorales, durante todos los comicios y al día siguiente de los mismos.
De acuerdo con el presidente del tribunal, Alexandre de Moraes, las personas que violen la determinación podrán ser detenidas y procesadas tanto por porte ilegal de arma como por crimen electoral.
La prohibición fue determinada tras un análisis del actual clima para las elecciones presidenciales, legislativas y regionales de octubre, polarizadas por la división entre los seguidores del actual mandatario, Jair Bolsonaro, y del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El dirigente izquierdista, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, es el favorito para vencer las elecciones, con cerca del 45% de la intención de voto, por encima del 32% que los sondeos le atribuyen al líder de la ultraderecha, que aspira a ser reelegido.
La polarización electoral ha obligado a las autoridades a reforzar la seguridad de los candidatos y a los gobiernos regionales a solicitar apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar el orden público en diferentes lugares considerados como conflictivos.
El ambiente electoral también se ha visto afectado por las insistentes ataques del jefe de Estado al sistema electrónico de votación en Brasil, que considera susceptible a fraudes, y por las acusaciones de la oposición de que Bolsonaro está preparando el terreno para un posible golpe de Estado en caso de ser derrotado.
El magistrado Ricardo Lewasdoski, que fue el instructor del caso, citó la polarización política como justificativa de la decisión y se refirió al aumento de la concesión de permisos de pose y porte de arma por la política de Bolsonaro de flexibilizar la legislación sobre el asunto.
El líder ultraderechista flexibilizó las reglas de acceso a armas y municiones y debilitó los mecanismos de control y fiscalización al porte y pose de armas.
«Armas y votos son elementos que no se mezclan. La prohibición de personas armadas en los locales de votación es necesaria para proteger el ejercicio del sufragio ante cualquier amenaza, concreta o potencial, independiente de su procedencia», afirmó.