La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata ha dictado medidas de prisión preventiva y arresto domiciliario contra Rafael Antonio Báez y Juan Ramón Figueroa, presuntos líderes de una red acusada de estafar a diversas empresas, incluyendo supermercados, ferreterías y proveedores de servicios al Estado.
Los imputados enfrentan cargos relacionados con la suplantación de identidades y la utilización de cheques y órdenes de compra falsas a nombre de instituciones gubernamentales. La red, según el Ministerio Público, operaba de manera sofisticada, empleando servicios informales de acarreo para evitar ser rastreados y eludir responsabilidades penales.
Rafael Antonio Báez cumplirá tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, mientras que Juan Ramón Figueroa estará bajo arresto domiciliario durante seis meses.
La investigación liderada por el fiscal Warlyn Tavares y la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional busca erradicar estas actividades fraudulentas, preservando la integridad del sistema comercial y gubernamental. La calificación jurídica provisional incluye violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como artículos del Código Penal.