Un grupo de más de 140 mujeres nacidas en Groenlandia ha iniciado acciones legales contra Dinamarca debido a la colocación de dispositivos intrauterinos sin su consentimiento. Esta polémica ha generado una ola de indignación y debate sobre los derechos reproductivos y el colonialismo.
El abogado de las demandantes, Mads Pramming, declaró: «La denuncia ha sido presentada. Mis clientas tomaron esta decisión después de no recibir ninguna respuesta a su solicitud de indemnización en octubre. Sus derechos humanos fueron violados, y ellas mismas son la prueba».
Según las acusaciones, el gobierno danés llevó a cabo una campaña en las décadas de los 60 y 70 para controlar la natalidad en Groenlandia, implantando dispositivos intrauterinos en jóvenes groenlandesas sin su consentimiento. Esto se realizó con el objetivo de limitar el nacimiento de bebés en este territorio ártico, que aún estaba bajo la tutela danesa a pesar de no ser oficialmente una colonia desde 1953.
Una serie de podcast emitidos por la radiotelevisión danesa DR en 2022 reveló la magnitud de la campaña, que habría afectado a unas 4.500 jóvenes inuits.
La historia cobró relevancia en octubre de 2024, cuando 67 mujeres reclamaron una indemnización de 300.000 coronas danesas (aproximadamente 43.700 dólares) cada una. Desde entonces, más mujeres se han sumado a la denuncia, incluyendo a la mujer de mayor edad, de 85 años.
Naja Lyberth, psicóloga y activista que fue la primera en hablar públicamente sobre el caso hace seis años, afirmó: «Nuestros abogados están muy seguros de que nuestros derechos humanos y la ley fueron violados». Lyberth recibió el dispositivo intrauterino cuando aún era adolescente y desde entonces ha luchado por visibilizar los problemas de salud que muchas mujeres han enfrentado como resultado de la anticoncepción forzada.
Aunque una comisión de investigación creada el año pasado espera publicar sus conclusiones en 2025, el abogado de las demandantes señala que esta comisión no dictaminará si se violaron los derechos, dejando la decisión en manos de la justicia.
En 2022, seis inuits recibieron una disculpa y una indemnización por un experimento en el que fueron separados de sus familias con el objetivo de crear una élite de habla danesa en la isla ártica, más de 70 años después del suceso.