La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, recriminó a los procuradores adjuntos el hecho de que critiquen las decisiones de los jueces a través de los medios de comunicación.
A través de una carta enviada a los magistrados, Germán Brito les reclama que en los últimos días han ocurrido una serie de situaciones que colocan a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público en un estado de vulnerabilidad, “con un paño de vergüenza ajena”.
En tal sentido, la procuradora afirma que el Ministerio Público no solo se debe a la sociedad, incluso se debe al imputado, pero por igual a mantener la confianza en el sistema de justicia en su totalidad.
Señala que las críticas a los miembros del Poder Judicial, en el contexto de sus atribuciones es sana, sobre todo debido al nivel de legitimidad que los distingue de aquellos elegidos mediante voto popular.
“Por ello, la crítica a sus decisiones es la mejor manera de asegurar la transparencia e integridad de la labor judicial no puede entenderse en una crítica al juez como persona, es decir, a su reputación. Ciertamente, hay decisiones que deben ser cuestionadas, no hay mejor espacio para hacerlo que a través de las vías de recursos, con respeto y deferencia, pero bien fundamentado y con una exposición clara de agravios”, precisa la procuradora en la misiva.
Agrega también: “Lo anterior, sin embargo, no es posible con una respuesta apresurada apenas salido el dispositivo de la sentencia o la decisión íntegra, pero, sin haber sido debidamente leída. Los jueces y juezas, como administradores de justicia, son criticados de otra manera y atendiendo a la santidad de su función, no podemos comportarnos como si el Ministerio Público tuviese un interés actual y directo en el desenlace del caso. Nuestro trabajo es, ante todo, defender los intereses de la sociedad, incluso del imputado cuando sabemos que no hay pruebas o surgen pruebas en beneficio de este”.
Dijo que, incluso como abogados, su posición como miembros del Ministerio Público, en especial aquellos que llevan casos complejos, es necesario un ejercicio de prudencia y ponderación.
“Las respuestas deben ser limitadas, directas, precisas, pero no alimentar la posible desconfianza de la sociedad en las instituciones, sobre todo contribuir con los juicios paralelos: nuestro trabajo es en los tribunales e informar a la opinión pública, pero no, continuar el litigio por los medios, así como en otras esferas distintas a los tribunales”, precisa Germán Brito en la carta.
La carta finaliza instando a los miembros del Ministerio Público, en todos los niveles, a reafirmar su compromiso con los deberes jurídicos y éticos de la profesión, obviar la crítica ácida contra la reputación de las personas que ejercen la judicatura.
“Permanezcamos al servicio de la sociedad y la administración de justicia, no utilicemos vías distintas a los procesos judiciales para hacer valer nuestros reclamos, porque si con sus actuaciones provocan la pérdida de la confianza a nuestros honorables jueces y juezas, les fallamos a las víctimas, a los imputados y a la sociedad”, culmina diciendo.
Declaraciones de fiscales
Germán Brito se refirió a las recientes declaraciones que han hecho algunos procuradores fiscales en contra de decisiones tomadas por jueces en algunos de los casos que se encuentran en la justicia dominicana.
Lo más reciente fueron los comentarios emitidos por el procurador adjunto Wilson Camacho a los medios de comunicación, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional variara la prisión preventiva que pesaba en contra del ex administrador general de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, principal imputado en el caso Operación 13.
En tal sentido, Camacho resaltó la debilidad de criterios del tribunal para tomar dicha decisión.
“Con relación al cese de la prisión preventiva, es evidente que el Poder Judicial ha decidido aplicar de manera irracional el límite razonable de la prisión preventiva”, dijo Camacho, quien nuevamente cuestionó este tipo de decisión de los tribunales en los casos de corrupción.
El magistrado calificó como curioso el hecho de que los aplazamientos de este caso no se le imputan al Ministerio Público, “y no se le puede imputar, porque es imposible imputárselos, porque no hay evidencia de que los retrasos hayan sido por parte del Ministerio Público; entonces, este tribunal recurre a culpar al propio Poder Judicial de los retrasos del proceso para cesar la prisión preventiva. Esto solo ocurre única y exclusivamente en los casos de corrupción