El Gobierno de México informó este viernes que el país cuenta con más de 130.000 personas registradas como desaparecidas, según el informe actualizado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que también incluyó avances en la depuración y revisión del sistema.
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisó que entre 2006 y la fecha existen 130.178 casos activos de desaparición. Sumando el periodo de 1952 a 2026, se contabilizan 394.645 personas desaparecidas, de las cuales 262.111 han sido localizadas, es decir, un 66 %, y de estas, el 92 % fueron encontradas con vida.
Figueroa explicó que los registros desde 2006 se dividen en tres grupos:
- Datos incompletos: 46.742 casos (36 %), lo que complica la búsqueda.
- Datos suficientes con seguimiento: 40.308 casos (31 %), donde se incluyen trámites civiles, matrimonios o registros en el INE; de este grupo, 5.269 personas han sido localizadas gracias a mecanismos de verificación directa.
- Datos completos sin actividad reciente: 43.128 casos (33 %), de los cuales sólo 3.869 cuentan con carpeta de investigación formal, mientras que más de 26.000 siguen siendo reportes sin indagatoria.
Entre octubre de 2024 y marzo de 2026, se han localizado 31.946 personas con reporte de desaparición.
Por su parte, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, recordó que la desaparición forzada en México ha tenido dos etapas históricas: la “guerra sucia” (1950-1990), vinculada a desapariciones por parte del Estado, y la ola iniciada en 2006 con la llamada “guerra contra el narco”.
Medina destacó que tras hallazgos en el Rancho Izaguirre, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 2025, se fortalecieron las capacidades de búsqueda y se reformaron leyes para garantizar la apertura inmediata de carpetas de investigación y la creación de herramientas como la plataforma única de identidad y el Banco Nacional de Datos Forenses.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que cada reporte activa una alerta masiva enviada a más de 500 instituciones, asegurando que todos los reportes incluyan la apertura de una carpeta de investigación. Además, se han creado unidades especializadas y plataformas tecnológicas que buscan dar mayor certeza a las familias y mejorar la localización de personas desaparecidas.
El gobierno enfatizó que estas medidas legales obligan a que desde el primer reporte se registren datos mínimos de identidad y se abra inmediatamente la carpeta de investigación correspondiente, con el objetivo de reforzar la respuesta estatal frente a las desapariciones.