Las autoridades explicaron cómo se diseñó y ejecutó el crimen, y cada vez hay más indicios sobre la autoría intelectual, que apuntan al Primer Comando de la Capital (PCC), uno de los mayores grupos delictivos de Brasil.
Pecci disfrutaba de su luna de miel con su esposa en la localidad turística de Barú, cerca de Cartagena, cuando un sicario bajó de una moto acuática y le disparó.
El fiscal lideraba uno de los mayores operativos antimafia en la historia de Paraguay, un país clave en la red de tráfico de drogas de la región.
Por eso, desde el principio las pesquisas apuntaron a una operación internacional.
Cinco personas fueron arrestadas, de las cuales cuatro reconocieron su participación en los hechos y confesaron detalles sobre la ejecución del asesinato en la audiencia de imputación el lunes.
El quinto, que no reconoció los cargos, es señalado como el líder del grupo ejecutor: Francisco Luis Correa, exmiembro de la banda criminal «Los Paisas» con un largo historial delictivo.
Sobre todos ellos pesan acusaciones de homicidio agravado y porte ilegal de armas, y han sido encerrados en una cárcel de alta seguridad.
Correa «fue la persona que estructuró esa operación con unos sicarios que llegaron a Cartagena desde Medellín», aseguró el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa.
Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve, madre e hijo, eran los encargados de seguir el rastro a Pecci hasta Barú, un destino vacacional con varios kilómetros de playa donde los hoteles se ubican prácticamente en la orilla.
Eiverson Adrián Zavaleta tenía el cometido de transportar a los demás y Wender Scott Carrillo, de nacionalidad venezolana, fue quien supuestamente apretó el gatillo, según las autoridades.
Además de las confesiones de los autores, la fiscalía colombiana cuenta con más de un centenar de evidencias, desde comunicaciones interceptadas hasta imágenes de cámaras de seguridad, como la que muestra al fiscal paraguayo y sus verdugos momentos antes de los hechos.
Las publicaciones en redes sociales de la esposa de Pecci, la periodista Claudia Aguilera, habrían ayudado a los sicarios, según indican los detalles de la investigación.
«Publicar en redes sociales sin responsabilidad puede convertirse en un arma letal. Los delincuentes manifestaron que en muchas ocasiones estuvieron perdidos, pero que gracias a las redes sociales lograron la ubicación del fiscal Pecci», afirmó el fiscal Barbosa.
Un sexto implicado se encuentra prófugo y las autoridades colombianas ofrecen hasta 500 millones de pesos (US$ 132.000) a cambio de información que facilite su captura.
Se trata de Carlos Luis Salinas Mendoza, alias «Mendoza», señalado como integrante de una organización delictiva al servicio de estructuras criminales trasnacionales y dedicada específicamente a asesinar por encargo.
Sobre Mendoza pesa una notificación azul de la Interpol y se cree que huyó a Venezuela, aunque también se le busca en Ecuador, Perú y Panamá, informó el director general de la Policía Nacional colombiana, el general Jorge Luis Vargas Valencia.
El crimen fue financiado con más de 2.000 millones de pesos colombianos (US$ 528.000) que se repartieron entre varias personas, afirmó el fiscal colombiano.
Pero, ¿quién o quiénes estarían interesados en desembolsar tal cantidad por acabar con la vida de Marcelo Pecci?
El fiscal lideraba numerosas investigaciones contra la mafia, el narcotráfico y el lavado de dinero en Paraguay, entre ellas una contra el Primer Comando de la Capital de Brasil.
Con base en Sao Paulo y unos 30.000 integrantes, el PCC mueve más de US$80 millones al año, según cálculos de la policía brasileña, en sus operaciones de narcotráfico, robos, secuestros y asaltos a entidades bancarias.
El director de la policía colombiana señaló a esta organización como la principal sospechosa del asesinato.
Argumentó que el PCC había planeado llevar a cabo el crimen en Paraguay pero finalmente «no pudo ser consumado» allí y, según información que le aportaron las autoridades paraguayas, acordaron hacerlo fuera del país.
En todo caso, el general Vargas aseguró que los autores intelectuales no se encuentran en Colombia e indicó que las autoridades trabajan en Paraguay para «llegar a los determinadores en cualquier parte del mundo».
Paraguay es uno de los mayores productores de marihuana de América del Sur, que abastece a Brasil, Argentina y Chile, entre otros países, y es un centro de distribución regional de la cocaína boliviana con destino a Brasil, Argentina y Europa, según se determinó en la operación «A Ultranza PY».
Aquella operación llevó a la destitución de dos ministros y el arresto de 24 personas por supuestos nexos con organizaciones narcotraficantes.