La estrategia legal adoptada por la defensa del grupo imputado en el caso de fraude contra la empresa Costa Dorada revela un intento sistemático por ganar tiempo y cerrar posibles brechas que podrían conducir a sentencias definitivas en su contra. La secuencia de recusaciones presentadas por la defensa destaca esta esforzada carrera por dilatar el proceso.
Todo inició meticulosamente el 8 de diciembre de 2022, cuando el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional abrió juicio penal contra Rafael Olegario Helena Regalado y Ailec Paloma Soto Garabito, exonerando a la abogada Judith Franchesca Aguasvivas Báez. Los imputados enfrentan cargos de asociación de malhechores y falsificación de documentos.
A pesar de ser reconocidos como legítimos accionistas de Costa Dorada, el tribunal les negó el derecho de querellarse y de promover acciones penales y civiles. Esta decisión, sumada a la exclusión de los acusadores particulares y la eliminación del tipo penal de uso de documentos falsos, debilita significativamente la acusación.
La audiencia preliminar, realizada el 20 de abril de 2023, declaró «admisibles» los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público y las empresas afectadas. La defensa, ante esta situación, interpuso un recurso de oposición al auto de admisibilidad, logrando el aplazamiento de la audiencia para el 26 de junio de 2023.
Sin embargo, el 1 de junio de 2023, los abogados de los acusados no comparecieron alegando problemas de salud, y la Corte fijó el conocimiento del caso para el 1 de agosto. En esta fecha, Rodolfo Felipela recusó a los jueces, buscando nuevamente dilatar el proceso.
El 26 de septiembre, antes de resolver la primera recusación, Ramsés Minier Cabrera, representante de una de las sociedades beneficiarias, recusó al pleno de jueces de las salas de la Corte de Apelación, buscando limitar su actuación hasta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia decida sobre esta nueva recusación.
Este conjunto de maniobras legales evidencia un esfuerzo concertado para evitar un fallo adverso, obstaculizando la conformación de un tribunal que pueda decidir sobre las recusaciones y el posterior conocimiento de los recursos. La estrategia parece apuntar a llevar el juicio al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, con una acusación debilitada.