La presencia de mujeres haitianas en hospitales públicos de la capital, especialmente en las maternidades, ha disminuido notablemente desde que el pasado lunes se comenzaron a aplicar nuevas medidas migratorias, según confirmó la agencia EFE durante una visita a varios centros de salud.
En la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, personal médico y de seguridad coincidió en que “hay menos que antes”. Aunque evitaron emitir opiniones sobre la medida, señalaron que su labor es ofrecer servicios de salud a quien lo necesite.
La nueva disposición forma parte de un protocolo de verificación migratoria en 33 hospitales públicos del país, anunciado por el presidente Luis Abinader como parte de su estrategia para frenar la inmigración irregular desde Haití.
En la entrada de los centros médicos, representantes de la Dirección General de Migración (DGM) —todas mujeres— verifican documentos y remiten a quienes no estén en situación regular a un autobús escolar estacionado frente a los hospitales. Este transporte traslada a las pacientes al centro de recepción de migrantes de Haina, donde se les toman datos biométricos y huellas digitales antes de iniciar un proceso de repatriación. Según la DGM, las deportaciones solo se ejecutan cuando se confirma que la salud de la paciente no está en riesgo.
Historias humanas y críticas a la medida
EFE recogió el testimonio de una adolescente de 14 años, embarazada de 23 semanas, que aseguró haber nacido en Santiago, República Dominicana, pero fue detenida pese a presentar su carta de nacimiento. “Me dijeron que esperara para subirme al sistema y después me llevaron a la camioneta”, narró. Tampoco le permitieron llevarse el desayuno que traía. Su madre llevó nuevamente la carta de nacimiento al centro, pero la menor ya había sido trasladada junto a otra adolescente embarazada, también de ascendencia haitiana.
Estas acciones han provocado fuertes críticas por parte de organizaciones humanitarias y sectores de la sociedad, que señalan la medida como discriminatoria y contraria a los derechos humanos, especialmente hacia personas en situación de vulnerabilidad como mujeres embarazadas y menores de edad.
El primer día de la implementación del protocolo migratorio, 87 embarazadas haitianas fueron detenidas en centros de salud del país, cifra que ha generado preocupación tanto en organismos locales como internacionales. La medida sigue generando debate sobre el equilibrio entre el control migratorio y el acceso humanitario a la salud.