La Ley 15-19 Orgánica del Régimen Electoral y Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos volvieron al debate público en abril de 2022, cuando la Junta Central Electoral (JCE) depositó en las cámaras legislativas los proyectos de modificación de ambas normas, de cara a las elecciones de 2024.
Estas reformas han pasado de la Cámara de Diputados al Senado y viceversa, y la preocupación de la JCE, así como de los partidos políticos, ha aumentado en las últimas semanas porque en estos 8 meses los cambios no han sido aprobados y la legislatura termina hoy.
Además, tanto el órgano electoral como las organizaciones políticas manifiestan urgencia por dar fin a las modificaciones dado que el 2023 es un año pre electoral, por lo cual consideran necesario que la ley se pueda aplicar.
Lo que propone la JCE
El trabajo de reforma por el que empuja la JCE incluye propuestas de modificación de artículos, exclusión e inclusión de textos.
Abarca cambios en el régimen de los órganos electorales y en las garantías electorales, y persigue el perfeccionamiento del sistema de partidos políticos y en los derechos de participación.
Asimismo, propone cambios en los plazos electorales, en el régimen sancionador y en la financiación de campañas, según el documento presentado ante el Senado.
La JCE propugna por:
Que se incluya la regulación de la campaña electoral y la reforma al régimen sancionatorio, con nuevas infracciones como la violencia política contra la mujer y el crimen contra la integridad de las elecciones; El rol del Ministerio Público en la persecución de las infracciones electorales.
-La abolición del voto preferencial en el nivel municipal.
-Facilitar mayores condiciones de equidad en la contienda.
-Facilitar la fiscalización de los recursos utilizados en campaña.
Cambios a la propuesta y críticas
El debate en el Congreso Nacional sobre la propuesta de la Junta Central Electoral, la cual pasó a la Cámara de Diputados el 20 de diciembre tras su aprobación en el Senado, también ha sido objeto de críticas por parte de la sociedad civil, debido a que el proyecto sufrió modificaciones sensibles, que restarían poderes al organismo electoral.
Uno de estos sectores fue Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, el cual su rechazo al artículo 27 del proyecto de modificación de la Ley Electoral, la cual calificó como «maniobra para inutilizar a la JCE», sometiéndola a una supervisión institucionalizada y permanente de los partidos políticos, sobre todas las decisiones y planes del órgano electoral.
Esto, afirma PC, violaría las facultades que le otorga el Artículo 212 de la Constitución de la República a la JCE.
«De aprobarse lo propuesto por los senadores, los partidos políticos se convertirían en una especie de junta de directores que mensualmente, en los años electorales y cuatrimestralmente en los no electorales, supervisaría y tendría facultad para aprobar o rechazar, es decir, aplicaría censura previa a las decisiones del órgano responsable de la organización de las elecciones», señala el movimiento cívico no partidista.
Advierte además que de acuerdo con la propuesta de los senadores, no sólo el pleno de la JCE estaría bajo la supervisión de los partidos, sino también las direcciones de elecciones, informática y voto en el exterior, y se eliminaría la facultad que tiene de dictar medidas cautelares.
La preocupación de la JCE
Luego de conocerse la aprobación del proyecto en el Senado, la JCE emitió un documento en el que expresa su preocupación por «aspectos medulares» del sistema electoral que no fueron objeto de reforma por parte de la Cámara Alta.
Entre estos, que en lugar de reducirse los topes de gastos de campaña, se mantuvieron igual a como están instituidos en la Ley vigente, además de que tampoco se establece la obligación de presentar informes de gastos a cargo de las candidaturas ni sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento a la presentación de informes.
De acuerdo con la JCE, si esto se hubiese aprobado contribuiría con disminuir la incidencia de los intereses privados en la representación popular, crear condiciones de equidad en la contienda y facilitar la fiscalización de los recursos utilizados en campaña.
Fuente: Acento.