El proyecto de reforma del Código Penal que actualmente se discute en el Congreso Nacional introduce nuevas sanciones penales para infracciones de tránsito que, hasta ahora, solo recibían multas bajo la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Uno de los puntos destacados es el artículo 158, que establece penas de prisión de uno a dos años, además de multas de hasta seis salarios mínimos del sector público, para quienes bloqueen de forma deliberada el paso de ambulancias, camiones de bomberos o patrullas policiales en servicio o en plena persecución.
Además, si una persona sigue a una ambulancia o vehículo de emergencia y provoca un accidente, se expone a penas de entre 15 días y un año de prisión, junto con una multa de dos salarios mínimos. La sanción puede elevarse hasta dos años de cárcel y 15 salarios mínimos si dicha obstrucción causa la muerte del paciente o empeora su estado de salud.
Actualmente, estas conductas solo reciben una sanción económica, sin implicaciones penales.
Duro golpe a las carreras clandestinas
El anteproyecto también incluye castigos más severos para quienes participen en carreras ilegales. Según el artículo 113, cualquier persona que cause la muerte de otra durante una competencia no autorizada podría enfrentar entre 10 y 20 años de prisión, así como multas de entre 20 y 30 salarios mínimos.
En casos donde las víctimas sufran amputaciones o queden con discapacidades permanentes, se contemplan penas de entre cuatro y 10 años de cárcel. Si las heridas son leves y sanan en menos de 90 días, la condena sería de dos a tres años, con una multa de hasta 15 salarios mínimos.
Proceso legislativo en curso
El proyecto está siendo analizado por una comisión compuesta por legisladores y miembros del Ministerio Público, como la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso. Las reuniones, lideradas por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, se realizan en la sede de la Procuraduría General sin un horario fijo.
La propuesta ya fue aprobada en primera lectura tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Si es validada en segunda lectura, volverá al Senado para una última votación antes de ser enviada al Poder Ejecutivo.
El plazo límite para su aprobación vence el martes 5 de agosto, fecha en que concluye la legislatura extraordinaria convocada por el presidente Luis Abinader, quien tendrá la decisión final de promulgarla u observarla.