La inclusión financiera es un concepto multidimensional cuya definición varía según el contexto económico y social de cada país. En el caso de la República Dominicana, su análisis reciente debe enmarcarse en un entorno de políticas monetarias restrictivas, caracterizado por el aumento de tasas de interés y la contracción de la liquidez para controlar la inflación.
Mientras la autoridad monetaria lograba estabilizar los precios, las condiciones de acceso al crédito se tornaban más exigentes, especialmente para quienes no cumplían con los requisitos tradicionales del sistema financiero. En ese escenario, el Consejo Nacional de Apoyo y Promoción a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PROMIPYME) asumió un rol contracíclico clave, actuando como soporte financiero para microempresarios y emprendedores.
Lejos de retraerse, la institución amplió su capacidad de financiamiento. En 2024 desembolsó RD$6,656.3 millones y en 2025 elevó esa cifra a RD$8,218.3 millones, para un total acumulado de RD$14,874.6 millones en apenas dos años.
Al cierre de 2025, la cartera de crédito alcanzó RD$11,248.1 millones, lo que representa un crecimiento neto de 30.6% frente a enero de 2024, cuando se situaba en RD$8,609.97 millones. Este avance consolidó a PROMIPYME como la cuarta institución más relevante dentro del ecosistema dominicano de microcrédito, superando a actores tradicionales y reafirmando su papel estratégico en el apoyo a las MIPYME.
Tres pilares de transformación institucional
Los resultados obtenidos responden a una estrategia estructurada en tres ejes fundamentales:
1. Gestión financiera y optimización de activos
La administración 2024-2025 reformuló el enfoque tradicional de la banca de desarrollo. En lugar de medir el desempeño únicamente por el volumen de colocación, se adoptó un modelo que equilibra expansión de cartera, calidad del activo y eficiencia en la rotación de efectivo.
Esta visión prioriza la sostenibilidad institucional y el impacto económico real, integrando herramientas de ingeniería financiera orientadas a maximizar el uso productivo del capital.
2. Reformas institucionales y mejora de procesos
Para garantizar estabilidad financiera, se implementó una nueva política de riesgos basada en garantías jurídicas ejecutables y en la separación de funciones entre colocación y recuperación de créditos deteriorados.
Este rediseño permitió reducir la Cartera en Riesgo a más de 30 días, pasando de 16.5% a 9.5%. Asimismo, se fortaleció la transparencia contable mediante la actualización del manual de contabilidad, alineándolo con estándares internacionales y eliminando discrecionalidades en el registro de ingresos y provisiones.
Una de las decisiones estratégicas fue orientar una mayor proporción de la cartera hacia mujeres emprendedoras, con impacto positivo en la calidad del crédito y en la inclusión financiera.
3. Decisiones crediticias basadas en datos y tecnología
La transformación más significativa se produjo en la arquitectura de toma de decisiones. PROMIPYME incorporó modelos de scoring alternativo sustentados en aprendizaje automático y análisis de big data, permitiendo evaluar perfiles tradicionalmente excluidos por la banca convencional.
La investigación económica interna pasó de ser un ejercicio técnico a convertirse en una herramienta de formulación de política pública. A partir de estudios estructurales se definieron tres prioridades estratégicas:
- Inclusión financiera de mujeres
- Equidad territorial en el acceso al crédito
- Capitalización con impacto económico medible
Desde una perspectiva macroeconómica, la experiencia reciente demuestra que la capitalización de la banca de desarrollo no debe considerarse gasto corriente, sino inversión productiva con retornos económicos y sociales cuantificables.
PROMIPYME ha evidenciado capacidad de absorción de capital, eficiencia operativa y rapidez en la transmisión de recursos hacia la economía real. En un contexto internacional de menor dinamismo, contar con una institución pública fortalecida y orientada a resultados constituye una ventaja estratégica para la República Dominicana.
Fortalecer su estructura institucional, por tanto, no solo impulsa a las MIPYME, sino que contribuye directamente a la resiliencia del aparato productivo nacional.