Desde este domingo 1 de octubre entrará en vigencia la nueva ley de Florida que permite la aplicación de la pena de muerte a los condenados por violación infantil.
Este proceso es parte de las leyes aprobadas en mayo de este año por el parlamento y ha sido una de las más controvertidas. Lleva por nombre la HB 1297, permitiría la ejecución de los condenados por agresiones sexuales a niños menores de 12 años, si 8 de los 12 miembros del jurado votan a favor de la aplicación de la pena máxima al reo.
Especialistas en el tema aseguan que su aplicación puede generar polemicas, pugnas o desafíos legales, ya que va en contra de la doctrina de la Corte Suprema de Estados Unidos (EEUU) y de la Corte Suprema del estado de Florida.
Sin embargo, la aplicación de esta Ley no es tan sencilla, para que se pueda ejecutar deben estar de acuerdo más de 8 miembros del jurado, es decir en caso de que fueran menos de ocho los miembros del jurado que recomienden la pena de muerte, se impondría la cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.
La idea de Ron DeSantis
Una de las personas que aboga por su cumplimiento es el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, quein dijo en mayo pasado, cuado fue aprobada que la medida está encaminada a “la protección de los niños”.
“En nuestra sociedad tenemos crímenes sexuales muy atroces que se cometen contra niños menores de 12 años. Estos son realmente lo peor de lo peor. Los autores de estos crímenes suelen ser delincuentes en serie”, dijo entonces DeSantis.
La nueva Ley se contrapone a un fallo de la Corte Suprema de EEUU del 2008, que prohibió la pena capital en tales casos. La legislación podría ser un instrumento para que el Tribunal Supremo del país, ahora controlado por conservadores, reconsidere su decisión. El nuevo estatuto legalizaría la aplicación de la pena capital en el estado cuando un adulto sea condenado por abusar sexualmente de un niño menor de 12 años.
Otras medidas que entrarán en vigor podrían llevar a los Gobiernos locales a pagar los honorarios de los abogados cuando las ordenanzas se consideren “arbitrarias o irrazonables”, o aumentar las penas de cárcel para los traficantes y fabricantes de fentanilo.
En este caso, los jueces podrían imponer sentencias mínimas obligatorias de 25 años de cárcel y multas de 1 millón de dólares a los adultos que vendan al menos cuatro gramos de fentanilo a menores a través de productos que se parezcan a caramelos, refiere EFE.