El jueves 19 de octubre de este año, a las 4:00 de la tarde, la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional determinó el cese de la prisión preventiva impuesta al exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Al día siguiente, en horas de la noche, Guerrero abandonó su reclusión en la cárcel de Najayo-Hombres, ubicada en la provincia San Cristóbal.
El exfuncionario, quien había estado detenido durante seis de los 18 meses de la medida de coerción impuesta en su contra, es el principal acusado en el caso de corrupción conocido como Operación Calamar y ha sido el caso más relevante llevado a cabo por el Ministerio Público hasta la fecha.
La información sobre la fecha en que se ejecutó la decisión de la corte fue proporcionada por la abogada Laura Rodríguez, quien forma parte del equipo de defensa de Guerrero.
Aunque la directora de Persecución del Ministerio Público (MP), Yeni Berenice Reynoso, no ofreció una respuesta inmediata a la decisión de la corte ante los medios de comunicación, consta en la resolución número 501-2023-TACT-00921 que la procuradora adjunta solicitó que se rechazara el recurso presentado por el exministro para obtener su libertad. Entre los argumentos esgrimidos por la procuradora adjunta se incluyeron supuestas obstrucciones al proceso de investigación, como el descubrimiento de actividades sospechosas durante viajes a Puerto Rico que revelaron cambios en la estructura societaria del imputado en pleno proceso de investigación. También se mencionó la colaboración del Buró Federal de Investigación de Estados Unidos en las pesquisas.
La corte de apelación, compuesta por los magistrados Doris Pujols (presidenta de la sala), Rafael Báez e Indhira Montás, fundamentó su fallo en la ausencia de peligro de fuga por parte del exfuncionario, lo que no suponía un riesgo para el desarrollo del proceso penal. Además, consideraron que su liberación no implicaba ningún tipo de peligro procesal.
En relación al argumento del Ministerio Público sobre manipulaciones por parte del acusado para obstruir la investigación, la corte señaló que no se presentaron pruebas que respaldaran dicha afirmación, ni se documentaron actividades de agencias internacionales de investigación relacionadas con el caso.
Contrario a otros casos de corrupción en la administración pública en los últimos años, donde los principales acusados cumplieron los 18 meses de prisión preventiva y pasaron a arresto domiciliario, a Donald Guerrero se le impuso la medida de presentación periódica mensual ante el Ministerio Público, junto con una garantía económica de cinco millones de pesos a través de una aseguradora y la prohibición de salir del país.
El caso de Operación Calamar involucra a 20 personas y se centra en acusaciones de emisión irregular de pagos por la expropiación de terrenos declarados de utilidad pública, sobornos a empresarios constructores con promesas de pagar deudas pendientes, y extorsión a bancas de loterías durante la campaña política de 2019.