Las bandas armadas perpetraron 24 masacres y ataques armados entre enero y septiembre de este año en el departamento de Artibonite, al norte de Puerto Príncipe, según un informe de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH). Los hechos, algunos ocurridos de forma simultánea en distintas zonas, dejaron 84 personas asesinadas y decenas de heridos por disparos y armas blancas, además de graves daños materiales.
De acuerdo con la RNDDH, el promedio de violencia en Artibonite equivale a tres muertes por episodio y tres víctimas mortales por mes durante los primeros nueve meses de 2025, en un contexto nacional donde el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos estima que 4,239 personas fueron ultimadas en los primeros ocho meses del año.
Entre las víctimas se cuentan cuatro agentes de la Policía Nacional de Haití (PNH) y dos miembros de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MMAS). Además, seis instituciones estatales —incluidas tres comisarías, una subcomisaría y dos tribunales de paz— fueron incendiadas o vandalizadas.
La RNDDH indicó que, aunque las incursiones armadas en Artibonite eran esporádicas en 2022, estas se intensificaron significativamente en 2025, en medio de una inseguridad generalizada y persistente que, desde 2018, afecta a toda la nación haitiana. La organización denunció que esta crisis “se ha extendido con la complicidad de las autoridades estatales y judiciales” hacia los departamentos del Centro y Artibonite.
Con ocho ataques armados, la comuna de Petite-Rivière de l’Artibonite fue identificada como “la más codiciada por los bandidos armados y, por lo tanto, la más expuesta a hechos que atentan contra la vida y la propiedad”, según el informe.
La policía del departamento, “que carece de recursos humanos y materiales, se ve desbordada por la situación, a pesar del refuerzo muy relativo de su plantilla en algunas zonas con unidades especializadas”, agregó la ONG.
El documento advierte que Artibonite, conocido históricamente como el granero agrícola de Haití, se ha convertido en uno de los principales epicentros de la violencia, y alertó que si las autoridades no actúan de inmediato, “la situación empeorará y la violencia armada seguirá extendiéndose a otros departamentos”.
Ante esta realidad, la RNDDH exigió al Gobierno haitiano adoptar medidas urgentes para proteger a la población de Artibonite, dotar a la policía de recursos adecuados y restablecer las condiciones mínimas de seguridad para facilitar el retorno de las personas desplazadas.
Asimismo, pidió brindar asistencia médica, financiera y psicológica a las víctimas y sus familiares, además de asignar los fondos de inteligencia necesarios para investigar las actividades de las bandas y evitar que “todo el país caiga bajo el yugo de las pandillas”.