Crisis México-Ecuador: Miembros de la Celac analizarán posibles sanciones tras irrupción en Embajada mexicana

La presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la hondureña Xiomara Castro, convocará para este viernes 12 de abril una cumbre de presidentes del organismo regional para abordar la crisis diplomática entre Ecuador y México luego de que las fuerzas ecuatorianas asaltaran la Embajada mexicana para sacar al exvicepresidente Jorge Glas.

Este es uno de los puntos que discutirán este martes los cancilleres de los países miembros de la Celac en una reunión que se celebrará de manera virtual a las 10:00 hora local de Honduras (16:00 GMT), según la agenda del encuentro dada a conocer por Castro.

La cumbre es para “revisar la regla de consenso contenida en el capítulo II del Manual de Procedimientos para el funcionamiento orgánico de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y se puedan adoptar los mecanismos de toma de decisiones en (la) Celac en las siguientes modalidades: mayoría simple, mayoría calificada y consenso”, indica un comunicado de la Troika del organismo tras concluir una reunión virtual convocada el sábado por Castro.

Otro punto que tratarán los cancilleres será el de proponer a la cumbre de presidentes “la firme condena” de la Celac al Estado de Ecuador por “el ingreso ilegal” de las fuerzas de seguridad a la Embajada de México en Quito, haciendo “uso indebido de la fuerza violentando el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas y el secuestro del exvicepresidente Jorge Glas”.

También está previsto que los cancilleres conozcan una propuesta para organizar un grupo de un máximo de siete países miembros de la Celac para definir “acciones” con el propósito de requerir al Gobierno de Ecuador “la rectificación” por irrumpir a la fuerza el viernes pasado en la sede diplomática de México en Quito.

El asalto de las autoridades ecuatorianas a la sede diplomática de México es una “violación flagrante” de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Caracas de 1954 sobre el asilo, añade el comunicado.

Las acciones de los países miembros de la Celac también deben “reconducir el procedimiento adecuado de las normas de asilo solicitado por el exvicepresidente Jorge Glas y promover el diálogo para normalizar las relaciones con México, en caso contrario “tomar posiciones políticas, ya sean estas en conjunto, bilaterales o en organismos multilaterales para obligarle a su cumplimiento”, enfatiza el documento.

La crisis entre México y Ecuador comenzó el jueves pasado, cuando el Gobierno de Daniel Noboa declaró persona ‘non grata’ a la embajadora mexicana, Raquel Serur, en respuesta a comentarios que el presidente del país azteca, Andrés Manuel López Obrador, hizo el miércoles sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y sus consecuencias electorales.

México anunció el viernes que buscaría traer como asilado político a Glas, procesado en casos de corrupción y ahora recluido en una cárcel de máxima seguridad, por lo que las fuerzas ecuatorianas entraron por la fuerza en la embajada para llevárselo durante la noche.

“No hay justificación”, dice canciller mexicana

Este lunes, a través de un comunicado, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Alicia Bárcena, condenó las acciones de la policía de Ecuador en la Embajada mexicana, calificándolas como injustificables y una clara violación al derecho internacional.

Durante la rueda de prensa habitual del presidente Andrés Manuel López Obrador, Bárcena Ibarra respondió a las declaraciones de Gabriela Sommerfeld, canciller ecuatoriana, sobre el incidente, afirmando que no había fundamentos para el asalto y la agresión sufrida por el personal de la misión mexicana.

La controversia surgió tras la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, el 5 de abril. Bárcena Ibarra destacó que México había mantenido una comunicación abierta y constante con Ecuador para tratar el asunto del asilo político, basándose en el respeto a las Convenciones de Viena y de Caracas sobre relaciones diplomáticas y asilo. Recalcó la importancia de resolver las discrepancias mediante el diálogo y los mecanismos pacíficos estipulados por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y el Pacto de Bogotá.

Además, la ministra mexicana anunció que, por instrucciones de López Obrador, México ha roto relaciones diplomáticas con Ecuador y llevará el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). También mencionó que se planifican discusiones en la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y se enviará una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, solicitando la intervención del Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General.

En la víspera, la canciller ecuatoriana Sommerfeld había argumentado que las acciones de México al otorgar asilo a un convicto por delitos comunes y las declaraciones posteriores de López Obrador constituyeron una violación a la Convención de Caracas y una interferencia en los asuntos internos de Ecuador. Agregó que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa estaba al tanto de las posibles consecuencias de la incursión en la Embajada, basado en un extenso informe y asesoramiento previo.

Mientras tanto, otro hecho que le ha dado un dramático giro a la historia fue que este mismo lunes el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas fue encontrado en estado de coma inducido en la prisión, tras haber ingerido una mezcla de antidepresivos y sedantes.
El incidente se produjo pocos días después de su detención en la Embajada de México en Quito, según informó la policía. Glas fue trasladado a un hospital militar para recibir atención médica.

La captura de Glas, acusado de malversación de fondos en Ecuador, ha generado una intensa tensión diplomática. El nuevo presidente de Ecuador ha tomado una postura de firmeza frente a la delincuencia, reiterando la obligación de su gobierno de actuar contra individuos acusados de crímenes como Glas.

Sin embargo, la defensa de Glas sostiene que es víctima de una persecución política, ampliando el debate sobre el carácter de su detención y las consideraciones legales en torno a su caso.