El juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Napoleón Estévez, está llevando a cabo la audiencia este lunes en el caso que involucra a la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de presunta participación en una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico, junto a su esposo, el empresario Micky López.
Durante la audiencia de la semana pasada, la defensa de la diputada Rosa Amalia Pilarte solicitó al tribunal encargado del caso que lo declarara inadmisible debido a la falta de pruebas e «imprecisiones» en la acusación.
Luis Feliz, abogado defensor, argumentó que la acusación contra su cliente «no tiene una formulación precisa de los cargos», instando al tribunal a que la declare inadmisible, una solicitud a la que se opuso el Ministerio Público.
La acusación del Ministerio Público alega que la diputada participó en la colocación en el mercado financiero de más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de la presunta red de narcotráfico.
Entre los delitos imputados a Pilarte se incluyen el lavado de activos provenientes del narcotráfico, así como delitos tributarios e infracciones de la ley Monetaria y Financiera.
López y sus hijos fueron arrestados el 29 de junio del año pasado, días previos a las elecciones presidenciales y legislativas en las que Rosa Amalia Pilarte logró una diputación como candidata del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia de La Vega.
El Ministerio Público ha solicitado al juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, que imponga a la diputada una medida de coerción que incluya el pago de una garantía económica de 100 millones de pesos, presentación periódica y prohibición de salida del país.