El Ministerio Público anunció este viernes la detención de cinco mujeres presuntamente implicadas en el caso de falsificación de actas de defunción que se le sigue a Máximo Mendoza, quien guarda prisión preventiva. Entre las arrestadas figuran cuatro médicas y una alcaldesa pedánea del municipio Esperanza, en la provincia Valverde.
Las autoridades identificaron a las detenidas como Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, todas de profesión médica, además de Yluminada Altagracia Uceta, alcaldesa pedánea.
De acuerdo con la Fiscalía de Valverde, los arrestos se llevaron a cabo por orden judicial, tras obtener pruebas que las relacionarían con la supuesta falsificación de documentos y la presunta inclusión de datos irregulares en registros de defunción. El órgano acusador informó que en las próximas horas serán presentadas ante los tribunales y que solicitará la declaratoria de caso complejo en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde.
El caso principal contra Máximo Mendoza
El proceso judicial se centra en Máximo Mendoza, quien cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, provincia Valverde. Según el expediente, entre diciembre de 2024 y junio de 2025 habría participado en la falsificación de actas de defunción en distintas unidades médicas y oficialías de la Junta Central Electoral (JCE).
La investigación sostiene que Mendoza utilizaba estas maniobras fraudulentas para afectar a personas con deudas económicas pendientes. Hasta ahora se han identificado seis víctimas, aunque la responsabilidad penal del imputado aún está bajo revisión judicial.
Modus operandi descrito por la Fiscalía
La acusación indica que los registros falsificados eran elaborados por médicos en pasantía sin exequátur, entre ellos las cuatro ahora detenidas. El Ministerio Público asegura que Mendoza gestionaba estos servicios en diferentes turnos de Atención Primaria en Mao y Esperanza.
La hipótesis fiscal plantea que el procesado se aprovechaba de personas en situación de vulnerabilidad que recibían RD$2,100 mensuales de asistencia social. Les ofrecía préstamos que oscilaban entre RD$5,000 y RD$15,000 y, al no recuperar el dinero, supuestamente se hacía pasar por familiar de las víctimas para registrar de forma irregular su fallecimiento.
Autoridades y marco legal
El caso está a cargo de los fiscales Esther María González Peguero, representante ante la JCE, y Víctor Manuel Mejía, titular de Valverde, con el apoyo de la Dicrim de la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad de la JCE.
Las imputadas enfrentan cargos por presunta violación a los artículos 146, 147 y 148 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.