La organización nacionalista Antigua Orden Dominicana expresó su rechazo a la sentencia TC/0067/25 del Tribunal Constitucional, que ordena al Ministerio de Interior y Policía cumplir de manera inmediata con los decretos presidenciales que conceden la nacionalidad dominicana a 32 ciudadanos haitianos, tras acoger un recurso de amparo de cumplimiento interpuesto por los beneficiarios.
La entidad, presidida por Ángelo Vásquez, consideró que el dictamen vulnera la Constitución y las leyes nacionales, al entender que afecta la soberanía y contradice los esfuerzos del país por controlar la migración irregular.
“Esta sentencia representa un atentado contra la nacionalidad dominicana y los esfuerzos del pueblo por frenar la haitianización del país”, afirmó Vásquez en un comunicado emitido por la organización.
Asimismo, la Antigua Orden Dominicana criticó al abogado Reemberto Pichardo Juan, quien encabezó el equipo legal que representó a los ciudadanos haitianos, calificándolo de “traidor a la patria” por su participación en el proceso. Recordaron que en septiembre de 2023, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo había declarado improcedente la acción de amparo presentada inicialmente por los extranjeros.
La organización cuestionó también la oportunidad en que se divulgó la sentencia, señalando que coincidió con la cobertura mediática de la tragedia del Jet Set, lo que interpretan como un intento de minimizar la atención pública sobre el tema.
“El fallo fue promovido por abogados antipatriotas que han puesto sus intereses particulares por encima de los valores nacionales”, añadió la entidad, reiterando su compromiso con la defensa de la soberanía dominicana y el cumplimiento de las leyes migratorias.
En su sentencia, el Tribunal Constitucional estableció que los decretos núm. 262-20 y 297-21 otorgaban explícitamente la nacionalidad dominicana por naturalización ordinaria a un grupo de extranjeros, incluidos los 32 haitianos accionantes. El alto tribunal consideró que la negativa del Ministerio de Interior y Policía a ejecutar dichos decretos constituye una vulneración de derechos fundamentales en el marco de la Ley 169-14.