Durante este año, más de 100.000 migrantes han atravesado el Darién, una frontera natural entre Panamá y Colombia, según informó el Gobierno panameño este domingo. Este número es equivalente a la cantidad de personas que cruzaron esa ruta entre enero y abril de 2023.
El ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, anunció en un video publicado en X que «ya sobrepasamos las 101.000 personas que han transitado por Panamá (tras llegar por el Darién)».
Según cifras oficiales a las que EFE tuvo acceso, la mayoría de los migrantes que han cruzado esa selva son venezolanos (64.307), seguidos de ecuatorianos (8.198), haitianos (6.661), colombianos (6.462) y personas de otras nacionalidades.
El aumento de migrantes por el Darién en su trayecto hacia EE.UU. o Canadá en búsqueda de mejores condiciones de vida ha sido constante desde 2021, alcanzando la cifra récord de más de 520.000 en 2023, el doble que el año anterior. Para este año se espera un incremento de hasta un 20 % con respecto al año anterior.
Los riesgos naturales del Darién y la presencia de grupos armados han llevado a los migrantes a buscar alternativas, como la ruta del Caribe, donde en febrero pasado murieron 5 migrantes después de que su embarcación, con 27 pasajeros, la mayoría afganos, naufragara en el Caribe panameño cerca de la frontera con Colombia.
En noviembre de 2023, las fuerzas de seguridad panameñas rescataron a 11 migrantes chinos abandonados en un bote en el Caribe.
Panamá registra a los migrantes a su llegada a las poblaciones indígenas a la salida de la selva o en los centros de recepción migratoria (albergues), donde les proporcionan cobijo y alimento. Posteriormente, coordinan su traslado en autobuses hasta Costa Rica, un desplazamiento que deben costear ellos mismos.
Sin embargo, las autoridades panameñas han endurecido su posición hacia el tránsito de migrantes por la selva, insistiendo en que se trata de un «negocio» del crimen organizado.
Médicos Sin Fronteras (MSF) suspendió su atención médica y humanitaria en el Darién desde el pasado 4 de marzo por «orden» del Gobierno panameño, que acusó a esa ONG de enviar informes «incompletos» sobre migrantes víctimas de violencia sexual durante su travesía por la selva.
Además, las autoridades panameñas señalaron que MSF obstaculizaba la labor de las instituciones judiciales y sanitarias al negarse a entregar la información necesaria sobre los migrantes presuntamente víctimas de violencia sexual.