El presidente Luis Abinader ha ratificado la Ley 60-23 que establece la creación del Incabide, un organismo autónomo encargado de gestionar y decidir sobre bienes confiscados, incautados y abandonados en procesos penales y juicios de extinción de dominio en la República Dominicana.
Aspectos clave de esta ley son:
- Naturaleza y Funciones del Incabide: Esta institución, con autonomía administrativa, financiera y técnica, está vinculada al Ministerio de Hacienda. Su propósito principal es la administración y destino de los bienes confiscados.
- Consejo Directivo: El órgano directivo está compuesto por el ministro de Hacienda, el procurador general de la República, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y el director ejecutivo del Incabide. El último actúa como secretario con voz, pero no tiene derecho a voto.
- Fondo Especial de Bienes Decomisados y Extinguidos (Febide): Se crea un fondo especial bajo la administración de Incabide. Este fondo está constituido por dinero y bienes decomisados, así como los ingresos de la venta de dichos bienes.
- Uso de los Fondos: Los fondos cubrirán los gastos relacionados con la administración de los bienes, pagos a terceros de buena fe y pagos judiciales a las víctimas. El saldo remanente irá a la cuenta única del tesoro, y se utilizará para diversos programas gubernamentales como prevención y tratamiento del consumo de drogas, reducción de la pobreza, apoyo a menores y víctimas, protección de fronteras, entre otros.
- Procedimientos de Entrega: Una vez que se incauten o confisquen bienes, el Ministerio Público entregará estos bienes al Incabide, excepto en ciertos casos, como drogas y armas, que permanecerán bajo control del Ministerio Público.
- Uso Institucional Provisional: Incabide puede permitir el uso temporal de bienes incautados a entidades públicas por razones de interés público o para el desarrollo de investigaciones criminales.
Este nuevo marco legal proporciona una estructura más organizada y transparente para el manejo de bienes incautados, garantizando que estos recursos sean reinvertidos en áreas esenciales para el beneficio del país.