Un conductor que arrolló a un miembro de esta institución, fue enviado a la cárcel por tres meses como medida de coerción.
La Ley 63-17 contempla como pena máxima 3 años de prisión, no importa la cantidad de fallecidos, ni importa que el chofer estuviese borracho o drogado, no es eso una barbaridad?
En un país donde mueren más personas en accidentes de tránsito, que todos los fallecidos por enfermedades y homicidios, la ley debe ser reformulada y que sea más severa y mayor aún, cuando la victima sea un agente de esta institución.
Traigo otra vez el artículo 136 del nuevo Código Penal, que castiga con penas de 10 a 20 años, a quien obligue a la pareja a sostener una relación sexual, por supuesto, no consentida.
Hagamos la comparación, cual de los hechos tiene mayor dimensión, la respuesta es obvia. Como nos gustan las comparaciones, en Estados Unidos, el conductor que intenta arrollar a un policía, no va a la cárcel, descansará en un cementerio.
La Ley 63-17 debe ser modificada, aumentar las penas y más cuando existan agravantes y para proteger a los miembros de Digesett. Las sanciones deben ser ejemplares, tengamos en cuenta que la mayoría no quiere cumplir las normas de tránsito!