La discusión sobre la ley de cine en la República Dominicana se intensifica, especialmente en lo que respecta a los subsidios que el Estado proporciona a las producciones cinematográficas locales. En el programa «Esto No es Radio», el abogado José Martínez Brito expuso preocupaciones sobre cómo algunos han podido aprovechar estos subsidios para actividades de lavado de activos.
Martínez Brito argumentó que, a menudo, la inversión declarada en una película puede ser exagerada. Por ejemplo, se dice que una producción cuesta 20 millones de pesos, pero en realidad solo requiere 5 millones.
En este esquema, el abogado explicó que un empresario puede ofrecer 15 millones para deducir del fisco, mientras que solo se necesita una inversión real de 5 millones. Al devolver 10 millones, se logra que ese dinero regrese sin impuestos, es decir, de manera «limpia y por la izquierda».
Además, el abogado destacó que los 44 pesos que el Estado cubre por cada entrada de películas dominicanas garantizan que se vendan todas las boletas, sin tener en cuenta la calidad de la película.
Este mecanismo asegura beneficios garantizados para los productores, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad y la transparencia de los subsidios en la industria cinematográfica.