El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha aceptado la solicitud de variación de medida de coerción presentada por la defensa del general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), Julio Camilo de los Santos Viola, del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán y del coronel Rafael Núñez D’ Aza, quienes son imputados en el caso de la Operación Coral y Coral 5G.
La magistrada Gisell Pérez Méndez tomó esta decisión durante el proceso de revisión de la medida de coerción, a pesar de que la defensa no presentó nuevos argumentos o pruebas que justificaran la modificación de la medida de coerción vigente, según lo manifestado por el magistrado Jonathan Pérez, en representación del Ministerio Público, durante la audiencia de este martes.
Por lo tanto, el abogado del Estado, José Alberto Ortíz, expresó que lo más prudente era mantener la medida de coerción vigente para evitar contaminar el juicio de fondo que dará inicio el jueves 18 de abril, ya que la medida había cumplido con su propósito original.
En cuanto a las medidas dispuestas para los imputados en el caso de la Operación Coral, se impuso al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán una garantía económica de RD$100 mil y se mantuvo el impedimento de salida sin autorización judicial previa.
Para el coronel Rafael Núñez D’ Aza, se dispuso el cese del arresto domiciliario, manteniendo una garantía económica de RD$100 millones, el impedimento de salida sin autorización judicial previa y se amplió el uso de un localizador electrónico a nivel nacional.
En el caso del general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), Julio Camilo de los Santos Viola, la jueza Esmirna Gisselle Méndez varió el arresto domiciliario por una garantía económica de un millón de pesos, manteniendo el impedimento de salida sin autorización judicial previa y ampliando el uso del localizador electrónico a nivel nacional.
Estos imputados cumplen medidas de coerción después de ser acusados por el Ministerio Público de participar en un esquema de corrupción que supuestamente estafó al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos entre los años 2012 y 2020.
Además, se les acusa de sustraer fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). Entre los acusados también se encuentran el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora) y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, entre otros.