La Cámara de Cuentas aún no ha finalizado las auditorías que abarcan la gestión de Donald Guerrero en el Ministerio de Hacienda durante el período 2016-2020. Guerrero es considerado uno de los principales acusados en un caso de corrupción en el que se le imputa, junto a otros exfuncionarios, por supuestamente defraudar al Estado con alrededor de 19,000 millones de pesos.
Esta información fue proporcionada por abogados que representan tanto a las partes acusadoras como a la defensa del imputado en una audiencia en la que se discutió la solicitud de Guerrero de acceder a la carpeta fiscal, además de recibir las auditorías realizadas por el órgano de control externo de los recursos estatales.
El informe final de las auditorías es crucial para la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público (MP). Este organismo tiene menos de tres meses para presentar la acusación contra los veinte implicados en la presunta red de corrupción administrativa, en la que figuran Guerrero y los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.
El 4 de abril, la jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, aceptó la solicitud del MP para declarar complejo el expediente y otorgó un plazo de ocho meses para concluir la investigación del caso, que finaliza en diciembre.
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) imputa a los veinte involucrados en la «Operación Calamar» por presuntamente estafar al Estado a través de pagos irregulares en expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, sobornos y cobros ilegales a bancas de apuestas.