El Gobierno venezolano anunció que desplegará sus fuerzas militares y responderá «contundentemente ante cualquier agresión» a su soberanía, luego de que Colombia le acusara de dar protección a los grupos armados ilegales que estarían relacionados con el asesinato de 23 personas en varios municipios fronterizos del departamento colombiano del Arauca, el fin de semana pasado.
Desde Bogotá, se informó el desplazamiento de dos batallones a la zona fronteriza, según adelantó el presidente Iván Duque. Tanto el mandatario como su ministro de Defensa, Diego Molano, se refirieron a la supuesta vinculación de Caracas con los hechos que se registraron en los municipios colombianos de Arauquita, Tame, Fortul y Saravena, a pesar de que ya en 2019 la Defensoría del Pueblo de Colombia había emitido una alerta temprana por violencia «estructural» en la zona.
En menos de 24 horas fueron asesinadas más de veinte personas y tuvieron que desplazarse de manera forzada por lo menos doce familias. En un primer comunicado, el Ejército colombiano atribuyó lo ocurrido al enfrentamiento entre el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por el «control de las economías ilícitas».
«La protección» de Maduro
Al término de una reunión de seguridad, en la ciudad de Cartagena, el mandatario colombiano dijo que había instruido a Molano para que aumentara «la capacidad de Fuerza Pública» en Arauca y ordenó el desplazamiento en las próximas 72 horas de dos batallones «para apoyar la tarea de control territorial».
Duque aseveró que fortalecería la «inteligencia y contrainteligencia» en el Arauca, que ampliaría «la capacidad de supervisión helicoportada y aerotransportada» y que usarían drones para el patrullaje en la zona.
Este reforzamiento de la vigilancia lo relacionó con su señalamiento sostenido de la supuesta protección de Caracas a los grupos armados ilegales colombianos, sin que su Gobierno haya presentado pruebas al respecto. Estas acciones, según dijo Duque, tienen el objetivo de hacer seguimiento de los puntos en los que presuntamente operan.
«El mensaje es claro: vamos a enfrentarlos como lo hemos venido haciendo hasta ahora, con total contundencia en el territorio, y estaremos denunciando también la connivencia y la protección que les ha brindado el régimen dictatorial de Nicolás Maduro a estas estructuras criminales», agregó el mandatario colombiano.
Por su parte, el ministro de Defensa afirmó en un tuit que nuevamente se demostraba «cómo actos criminales al otro lado de la frontera afectan la tranquilidad en Colombia» y aseveró que la disputa entre organizaciones ilegales, que causó la muerte de 23 personas, «se está dando en Venezuela entre la alianza del ELN y la Segunda Marquetalia [grupo disidente de las FARC liderado por Iván Márquez, prófugo de la Justicia colombiana] contra disidencias de FARC».
Venezuela «eleva nivel de alerta»
En una serie de trinos, de titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, desestimó las acusaciones de Colombia e informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encuentra en los municipios venezolanos del estado Apure, fronterizo con el departamento del Arauca, y que «ha elevado su nivel de alerta ante los acontecimientos al otro lado de la frontera para proteger al pueblo y responder contundentemente ante cualquier agresión» a la soberanía de su país.