Este miércoles, el Gobierno de Cuba comenzó las excarcelaciones de 553 presos, una medida anunciada el día anterior tras la decisión de Estados Unidos de sacar a la isla de su lista de países que patrocinan el terrorismo. Según ha confirmado a EFE, entre los primeros liberados se encuentran Dariel Cruz García, Lisdiany Rodríguez Isaac y Donaida Pérez Paseiro, quienes son considerados presos políticos por diversas organizaciones de derechos humanos.
Los familiares de varios de estos reclusos fueron convocados a centros penitenciarios por la mañana, sin una explicación clara, luego del anuncio del Gobierno cubano sobre la excarcelación de estos prisioneros. Aunque la noticia ha sido recibida con cierto escepticismo, las autoridades cubanas han señalado que los presos serán liberados «gradualmente», sin ofrecer más detalles.
El comunicado de La Habana indicó que los reclusos estaban sancionados por «delitos diversos», aunque las principales organizaciones internacionales de derechos humanos consideran que muchos de ellos son prisioneros de conciencia. El Gobierno cubano no reconoce la existencia de presos políticos en sus cárceles. La Casa Blanca, por su parte, anunció que la liberación comenzaría “en relativamente poco tiempo” y que incluiría a aquellos detenidos durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J), las más grandes que ha vivido Cuba en décadas.
Organizaciones como Prisoners Defenders y Justicia 11J, que siguen cerca de los casos de presos políticos, muestran su escepticismo, ya que cuentan con un número significativamente mayor de detenidos por motivos políticos en comparación con la cifra presentada por La Habana.
Esta es la primera excarcelación en Cuba desde 2019, cuando se indultó a 2.604 reclusos. La última excarcelación de gran escalada había ocurrido en 2015, cuando más de 3.500 prisioneros fueron liberados como parte de un gesto humanitario ante la visita del papa Francisco.
La decisión cubana llegó poco después de que Estados Unidos anunciara sorpresivamente su decisión de eliminar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, una designación tomada en 2017 bajo el mandato del expresidente Donald Trump. Esta medida implicaba restricciones significativas para Cuba, como la prohibición de la venta de armas, restricciones a exportaciones y una congelación de gran parte de su actividad financiera internacional.
La inclusión en esta lista había sido un factor importante en la crisis económica y energética que afecta a la isla, que enfrenta escasez de productos básicos como alimentos, medicinas y combustibles, apagones diarios, una creciente dolarización y una fuerte migración. Esta situación ha generado un descontento social creciente, visible en las protestas que comenzaron en 2021 y en la migración masiva que continúa afectando al país.