Pese a los llamados de justicia y la expectativa de sanciones ejemplares contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set donde el 8 de abril de 2025 perdieron la vida 236 personas, la realidad legal vigente limita las posibles condenas. Según el artículo 319 del antiguo Código Penal, todavía en vigor, los homicidios involuntarios cuando alguien causa la muerte de otra persona sin intención, pero por negligencia, imprudencia o incumplimiento de reglamentos se sancionan con penas de tres meses a dos años de prisión.
En este contexto, si la investigación demuestra que existió negligencia en la estructura del edificio, incumplimiento de normas de seguridad, falta de mantenimiento o violación de reglamentos de construcción, los responsables propietarios, administradores, ingenieros o autoridades que actuaron con negligencia solo podrían ser acusados de homicidio involuntario. De comprobarse que la muerte de las víctimas fue consecuencia directa de esta negligencia, los acusados enfrentarían penas de prisión correccional, además de multas y posibles indemnizaciones civiles a las víctimas.
Nuevo Código Penal y sus diferencias
El nuevo Código Penal, aunque aún no vigente para este caso, tipifica el homicidio involuntario en el artículo 112 y establece penas más severas:
- Una muerte: 2 a 5 años de prisión.
- Entre 2 y 5 muertes: 4 a 10 años de prisión.
- Más de 5 víctimas: hasta 10 años de cárcel.
Sin embargo, debido a que los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, no es retroactiva, y por tanto el caso se rige por el antiguo Código Penal, limitando considerablemente las posibles condenas.
En consecuencia, aunque el número de víctimas es elevado y la negligencia parece evidente, la ley vigente restringe la pena máxima que podrían enfrentar los Espaillat a solo dos años de prisión, destacando una discrepancia entre la magnitud de la tragedia y la sanción legal aplicable.