El Ministerio Público anunció que presentará un recurso de apelación contra el fallo emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago, decisión que dejó sin condena a los tres hombres acusados de coordinar el asesinato de Ana Francisca Gómez, ocurrido el 7 de octubre de 2022 mientras la víctima manejaba por la avenida 27 de Febrero. La institución señaló que logró demostrar en juicio la responsabilidad de los imputados y que por ello había solicitado penas de 40 años de prisión para cada uno.
A pesar de esa posición, las juezas solo impusieron una pena de cinco años de cárcel a Wader Robert Peña Angomás (Adalino), encontrándolo culpable de violar los artículos 66, párrafo 5, y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio del Estado, y absolvieron a Yan Carlos Batista (Yan Yan y/o Joan) y a Jerry Antonio Moreno Ortiz (el Colombiano).
La Fiscalía de Santiago defendió la solidez del expediente, asegurando que contaba con evidencias suficientes que colocaban a los acusados en la planificación y ejecución del hecho. Gómez fue interceptada y atacada a tiros mientras conducía un BMW en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Estrella Sadhalá, en el ensanche Libertad. Sobre el fallo, la fiscal titular, Quirsa Abreu Peña, expresó que la decisión “será recurrida dentro de los plazos que la ley otorga, en tanto que existen elementos de incuestionable fortaleza probatoria, para que se imponga una condena ejemplar, coherente con los hechos que han sido debidamente relatados y fundados en evidencias”.
Antes de apresar y judicializar a los involucrados, los fiscales investigadores trabajaron por dos años rastreando y persiguiendo a los responsables, proceso en el que fueron identificados de manera individual. La acusación establece que Peña Angomás era quien conducía la motocicleta utilizada para seguir a la víctima, que Batista fue quien realizó los disparos que le provocaron la muerte y que Moreno Ortiz organizó la operación, aportando la logística, seleccionando a los ejecutores, gestionando el arma utilizada y facilitando los medios de transporte a cambio de una elevada suma de dinero.
El caso fue sustentado con videos, testimonios, documentos y peritajes que, según el Ministerio Público, demostraban la participación de los imputados en el crimen.