Con declaratoria de urgencia y el voto favorable de la totalidad de los senadores presentes, el Senado de la República Dominicana aprobó este jueves un proyecto de ley que elimina las sanciones penales aplicables a alcaldes y autoridades municipales por incumplimientos en la distribución del presupuesto local.
La iniciativa introduce cambios al régimen vigente que contemplaba consecuencias penales para los funcionarios municipales que no respetaran los porcentajes establecidos por ley en la asignación de los recursos públicos, especialmente en lo relativo a inversión, servicios y gastos administrativos.
El proyecto, presentado por el senador oficialista Aneudy Ortiz, propone flexibilizar el uso del gasto corriente al ampliar el margen permitido hasta un 75 % de los ingresos recibidos por los ayuntamientos vía transferencias del Presupuesto General del Estado. Este porcentaje sustituye el anterior tope del 30 % destinado exclusivamente al pago de personal.
Cambios a la Ley 176-07
La pieza legislativa modifica el artículo 21 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, recientemente reformulada mediante la Ley 75-25. De acuerdo con el nuevo esquema aprobado, el gasto corriente podrá alcanzar hasta un 75 % de los recursos, distribuido de la siguiente manera:
- 30 % para gastos de personal
- 40 % para funcionamiento y servicios municipales
- 5 % para programas de educación, salud y género
El 25 % restante deberá destinarse obligatoriamente a inversión, sin alteraciones respecto a la normativa vigente.
Con esta reforma, los gobiernos locales podrán destinar una mayor proporción de sus ingresos al sostenimiento de la nómina incluidos funcionarios electivos y personal contratado, así como a los costos operativos necesarios para garantizar los servicios municipales.
El gasto corriente autorizado incluye el pago al personal administrativo fijo y temporal, al personal responsable de los servicios municipales, y los gastos asociados al funcionamiento y mantenimiento ordinario de los ayuntamientos.
En cuanto a la inversión, el proyecto mantiene intacta la obligación de destinar el 25 % de los recursos a gastos de capital, que abarcan obras de infraestructura, construcción y remodelación de inmuebles, adquisición de bienes muebles vinculados a proyectos constructivos, así como iniciativas de desarrollo económico y social local, conforme al presupuesto participativo y la normativa aplicable.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la supresión de las sanciones contempladas en la legislación actual, que incluían penas de prisión de entre dos y cinco años, multas equivalentes a entre cinco y veinte salarios mínimos, y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas en caso de violaciones a la distribución presupuestaria.
El proyecto deberá ahora ser conocido por la Cámara de Diputados de la República Dominicana, donde será sometido a estudio. De ser aprobado y posteriormente promulgado por el Poder Ejecutivo, la ley entraría en vigencia de manera inmediata.