El proyecto tenía más de 12 años de debate en el Congreso Nacional
El Senado de la República convirtió en ley este martes a unanimidad la norma de extinción de dominio para el decomiso de bienes ilícitos en la República Dominicana, acogiendo las más de cuarenta enmiendas que hizo la Cámara de Diputados. La iniciativa legislativa ahora pasa al Poder Ejecutivo, donde se sopesará su promulgación u observación.
La pieza deja atrás más de 12 años de debates congresuales, y tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, fue sancionada de manera unánime, siendo su categoría, orgánica.
En este día final de la primera legislatura, los senadores se reunieron para revisar más de 40 modificaciones y concluyeron en que las enmiendas mejoran mucho más la pieza. Este precepto se analizó en una comisión bicameral por espacio de año y medio
El proyecto de ley de extinción de dominio resurge de la fusión de dos proyectos de ley de la misma naturaleza, autoría del senador Antonio Taveras Guzmán (provincia Santo Domingo), mientras que un segundo proyecto es de los senadores Félix Bautista, Aris Yván Lorenzo y José Del Castillo Saviñón.
Tiene el objetivo de establecer el marco legal para la regulación de la extinción de dominio de bienes ilícitos, definir las consecuencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación, reconocer los derechos y garantías de los intervinientes, sentar los principios fundamentales para el funcionamiento del sistema de administración de los bienes decomisados, así como el procedimiento requerido para su declaración judicial a favor del Estado dominicano.
El proyecto de ley de extinción de dominio resurge de la fusión de dos proyectos de ley de la misma naturaleza, autoría del senador Antonio Taveras Guzmán (provincia Santo Domingo), mientras que un segundo proyecto es de los senadores Félix Bautista, Aris Yván Lorenzo y José Del Castillo Saviñón.
Tiene el objetivo de establecer el marco legal para la regulación de la extinción de dominio de bienes ilícitos, definir las consecuencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación, reconocer los derechos y garantías de los intervinientes, sentar los principios fundamentales para el funcionamiento del sistema de administración de los bienes decomisados, así como el procedimiento requerido para su declaración judicial a favor del Estado dominicano.