Se retiran demandas del Estado en el controversial Caso Medusa

El Estado ha decidido desistir de la demanda contra las empresas involucradas en el caso Medusa, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. Los representantes legales de estas empresas aceptaron el desistimiento y el juez Amauri Martínez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional informó que emitirá su fallo en el momento adecuado. Posteriormente, la audiencia continuó con la presentación de las conclusiones por parte de las empresas implicadas.

La sesión, que comenzó con más de una hora de retraso debido a la ausencia de uno de los imputados, se centró en la defensa de los acusados y en la revisión de las pruebas presentadas. En la audiencia anterior, Jean Alain Rodríguez, exprocurador general de la República, había solicitado al juez Martínez que dictara un fallo a su favor y ordenara la devolución de los bienes incautados, entre otras peticiones.

El voluminoso expediente de 12,274 páginas acusa a Rodríguez Sánchez de encabezar una red de corrupción durante su mandato en la Procuraduría General de la República, entre 2016 y 2020. Junto a Rodríguez Sánchez, el Ministerio Público ha imputado a varios exfuncionarios y colaboradores, incluyendo a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público; y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.

Otros implicados en el caso son Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; Altagracia Guillén Calzado, exsubdirectora administrativa; Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad; y Miguel José Moya, exasesor. La red de corrupción involucra a un total de 41 personas físicas y 22 empresas, enfrentando cargos como prevaricación, asociación de malhechores y otros delitos.

El desarrollo del caso Medusa continúa siendo un asunto de gran relevancia en el ámbito judicial y político del país, con numerosas implicaciones para los acusados y para la administración de justicia en la República Dominicana.