Desde este miércoles entra en vigencia la nueva Ley de Contrataciones Públicas, una normativa que introduce penas de hasta 10 años de prisión para funcionarios, legisladores y contratistas que incurran en corrupción durante los procesos de compras y contrataciones del Estado.
La ley establece un régimen de consecuencias más severo, en un contexto marcado por cuestionamientos y escándalos relacionados con el manejo de contratos públicos dentro de la actual administración.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró que la normativa marca un antes y un después en el sistema de compras del Estado, al crear un modelo más moderno, transparente y eficiente, con sanciones reales para quienes violen la ley.
Pimentel destacó que uno de los puntos más contundentes es la prohibición absoluta de que servidores públicos negocien directa o indirectamente con el Estado, así como la tipificación de delitos como el soborno, el tráfico de influencias y la colusión, castigados con penas privativas de libertad de hasta una década. A su juicio, estas disposiciones colocan al país en sintonía con estándares internacionales de lucha contra la corrupción.
Desde distintos sectores de la sociedad civil se reconoce que las compras públicas han sido históricamente uno de los principales focos de desfalco y uso indebido de fondos estatales, por lo que valoran la ley como un freno necesario. No obstante, advierten que su verdadero impacto dependerá de que las sanciones se apliquen sin excepciones ni privilegios.
En el Congreso Nacional, algunos legisladores defendieron la normativa al considerar que cierra el paso a empresas de carpeta, conflictos de interés y prácticas fraudulentas. Otros, sin embargo, expresaron dudas sobre su efectividad, señalando que el país ya cuenta con leyes anticorrupción cuya aplicación ha sido limitada.
Como parte del proceso de implementación, el presidente Luis Abinader firmará este miércoles a las 4:00 de la tarde, en el Palacio Nacional, el reglamento de aplicación de la nueva Ley de Contrataciones Públicas, paso clave para su puesta en ejecución formal.