La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) manifestó su profunda preocupación por las denuncias expuestas por la magistrada Pilar Jiménez Ortiz en la comunicación enviada al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en respuesta al acta No. 010-2025-CNM, donde se oficializa su no ratificación como jueza de la Suprema Corte de Justicia.
Jiménez Ortiz, quien cuenta con más de dos décadas de servicio en la judicatura y un historial de evaluaciones públicas destacadas, señala en su carta múltiples irregularidades en el proceso, como la aplicación de criterios ajenos al marco legal, falta de motivación suficiente y la utilización de percepciones subjetivas para sustentar una decisión de alto impacto institucional.
Estas inquietudes se suman a las advertencias previas hechas por ROI sobre las debilidades del procedimiento, entre ellas la falta de transparencia en las deliberaciones, la ausencia de identificación de los consejeros responsables de los señalamientos y la no presentación de evidencia concreta que respalde varios de los argumentos utilizados para justificar la no ratificación.
Uno de los puntos que más alarma genera son las afirmaciones de la magistrada sobre un posible patrón histórico dentro del CNM que habría afectado de manera particular a mujeres con trayectorias judiciales de peso. Las referencias a campañas de descrédito, uso discrecional de criterios y falta de salvaguardas para proteger la independencia judicial comprometen la credibilidad del proceso y podrían configurar prácticas discriminatorias contrarias a los estándares nacionales e internacionales en igualdad y no discriminación.
Dada la gravedad de estas denuncias, ROI considera urgente la intervención de organismos especializados en derechos humanos y género. Enfatiza que tanto el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) como el Ministerio de la Mujer deben analizar técnicamente si existen patrones de discriminación estructural en los procesos de evaluación y permanencia dentro de las altas cortes, así como los riesgos que estas prácticas representan para la autonomía de las juezas y para la independencia judicial como pilar del Estado de Derecho.
ROI recordó que las evaluaciones a jueces y juezas deben servir para fortalecer la eficiencia del sistema judicial y no convertirse en herramientas de presión o deslegitimación del trabajo realizado. El uso de procedimientos discrecionales para orientar decisiones de esta naturaleza constituye una amenaza directa a la institucionalidad democrática.
La organización reiteró su voluntad de colaborar con las instituciones para promover un sistema judicial transparente, sustentado en criterios objetivos, con estricto apego a la ley y que garantice la independencia de quienes administran justicia.
Finalmente, ROI hizo un llamado a la comunidad jurídica, a la sociedad civil y a la ciudadanía a mantenerse atentos. La independencia judicial y la igualdad de género dentro del sistema de justicia son principios esenciales y no pueden ponerse en riesgo.
ROI está integrado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).