La Academia de Ciencias de la República Dominicana, a través de su Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente, manifestó preocupación frente a la iniciativa presentada por el senador de Peravia, Julito Fulcar, quien propone al presidente de la República disminuir la extensión del Monumento Natural Dunas de las Calderas con el fin de legalizar ocupaciones dentro de esa área protegida.
En una entrevista concedida al programa radial Esto No Tiene Nombre, el académico José Manuel Mateo Féliz calificó la idea como “inconcebible” y una clara “violación a la ley”. Explicó que las ocupaciones, entre ellas viviendas y cercas, ocurrieron después de que la zona fuera declarada protegida en 1996, por lo que quienes se han asentado en esos terrenos lo han hecho en contravención de la Ley 202-04, que rige el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Falta de vigilancia oficial
Mateo Féliz atribuyó la situación a la débil supervisión del Ministerio de Medio Ambiente, que no ha implementado un programa de control con guardaparques y el respaldo del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA). Recordó que, aunque en el pasado se anunció la construcción de puestos de vigilancia, estas obras quedaron inconclusas.
También señaló que, en 2024, la Academia entregó un plan de manejo con directrices claras para proteger las dunas, pero las autoridades aún no lo han puesto en práctica.
Valor ecológico y científico
El especialista subrayó que las dunas no son un terreno baldío, sino un ecosistema único en el Caribe, con importancia ambiental, turística y científica. Además de su biodiversidad, la zona funciona como barrera natural frente a vientos fuertes y la salinidad costera.
Recordó que existe una zona de amortiguamiento de 300 metros alrededor del monumento, que si bien no forma parte de la declaratoria de protección, debe preservarse para evitar impactos negativos en el área central. Cualquier flexibilización en el uso de esa franja sería, en sus palabras, “contraproducente”.
Alternativas y propuestas
Como solución, Mateo Féliz planteó que el Ministerio de Medio Ambiente desaloje a los ocupantes ilegales. Reconoció que, en algunos casos, el Estado podría contemplar reubicaciones como medida humanitaria, pero advirtió que mantener a los invasores en la zona solo generaría “un círculo vicioso de invasiones, cuyos costos recaerán en los contribuyentes”.
El académico concluyó que la verdadera salida está en aplicar un sistema de vigilancia efectivo y fomentar iniciativas sostenibles como el ecoturismo, que permitan beneficios económicos sin comprometer la conservación de este patrimonio natural.