La recién instalada Cámara de Cuentas de la República Dominicana reveló este 26 de mayo una grave serie de irregularidades por más de RD$ 1,000 millones en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), correspondientes al período 2016-2020, bajo la gestión de Berlinesa Franco.
El informe de más de 500 páginas, fruto de una auditoría especial, expone una cadena de irregularidades administrativas, financieras y contractuales, muchas de ellas cometidas en procesos declarados de emergencia durante la pandemia del COVID-19.
Entre los hallazgos más alarmantes destacan:
Pagos por alimentos no entregados, guías ficticias y contratos vencidos.
Suministros adquiridos sin evidencia de recepción o sin registro en SIGEPI.
Contratos adjudicados a empresas sin capacidad operativa ni técnica.
Duplicidad de documentos, adjudicaciones a proveedores relacionados entre sí y alteraciones en documentación oficial.
Uno de los casos más cuestionados fue el contrato de urgencia INAIPI-MAE-PEUR-2020-0001, por RD$ 531 millones, para la distribución de alimentos crudos a los centros CAIPI y CAPI, donde se evidenciaron pólizas con coberturas excesivas, diferencias entre valores contratados y los registrados oficialmente, y pagos a proveedores con deudas fiscales.
Además, se detectaron anomalías por RD$ 103 millones en contratos de emergencia durante la pandemia: entregas fuera de plazo, pagos sin revisión de la Contraloría, y adjudicaciones sin las ofertas técnicas ni garantías exigidas.
También fueron señaladas inconsistencias en la compra de kits alimenticios por RD$ 100 millones, contrataciones sin respaldo presupuestario, y pagos realizados por productos diferentes a los contratados, incluyendo lácteos, mobiliario, materiales de cocina y ferretería.
La auditoría incluso revela compras que no cumplían con las especificaciones técnicas ni sanitarias, contratos adjudicados a empresas sin documentación legal completa, y pagos tramitados desde departamentos que no correspondían.
La Cámara de Cuentas advierte que estos hallazgos comprometen la transparencia institucional y representan un posible riesgo legal para los funcionarios actuantes, tanto civiles como militares, durante el período fiscalizado.