Más de 370,000 haitianos indocumentados han sido deportados desde República Dominicana en el último año, según datos oficiales, tras el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno del presidente Luis Abinader, en medio de denuncias de abusos a los derechos humanos y redadas masivas.
A inicios de octubre de 2024, el Ejecutivo anunció su meta de repatriar hasta 10,000 personas por semana, como parte de una estrategia para controlar el flujo migratorio irregular, medida que ha impactado principalmente a ciudadanos haitianos. En ese mismo período, Haití enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes, con 1.4 millones de desplazados internos.
Los operativos migratorios se han mantenido constantes, y los centros de recepción en Haina —a unos 20 kilómetros de Santo Domingo— siguen recibiendo a cientos de detenidos antes de ser trasladados hacia la frontera para su deportación.
En los últimos 12 meses, 370,240 haitianos fueron deportados, y solo en los primeros nueve meses del año se contabilizaron 285,614 repatriaciones.
Entre los casos más recientes figura el de Madalena Jean, de 53 años, quien acudió al centro de Haina en busca de su nieta de 15 años, detenida tras dar a luz en Higüey. La mujer relató a la agencia EFE que su nieta nació en territorio dominicano, pero que las autoridades insisten en deportarla, pese a su delicado estado de salud.
Desde abril de 2025, el país aplica un protocolo en 33 hospitales públicos que vincula el acceso a servicios de salud con el estatus migratorio, medida criticada por la ONU y Amnistía Internacional (AI) por considerar que criminaliza la atención médica de los migrantes.
El Gobierno dominicano sostiene que los operativos se realizan respetando los derechos humanos, y el presidente Abinader reafirmó ante la Asamblea General de la ONU que “República Dominicana seguirá protegiendo su integridad territorial y haciendo valer su régimen migratorio nacional”, al tiempo que avanza en la construcción del muro fronterizo con Haití.
No obstante, el informe “Deportaciones masivas y Estado de excepción en la República Dominicana”, coescrito por Simón Pérez, advierte que la política migratoria actual también afecta a haitianos con documentación regular, quienes son detenidos en “procesos de depuración” para verificar documentos emitidos por el propio Estado dominicano, como las cédulas de extranjero.
Pérez denunció además una discriminación sistemática contra los haitianos frente a otras nacionalidades en situación irregular, como la venezolana, señalando una “sobrerrepresentación de personas haitianas” en las deportaciones.
El informe también alerta sobre el aumento del tráfico y la trata de personas en la frontera y documenta la muerte de 54 personas en el contexto de operativos migratorios, casos que, según sus autores, no han sido investigados ni han generado responsabilidades penales.