La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago confirmó las condenas impuestas en el caso Casa Blanca Night Club, acogiendo la solicitud del Ministerio Público. Con esta decisión, se mantienen las penas de 20, 15, 10 y 7 años de prisión contra los integrantes de una red dedicada a la trata de personas agravada, lavado de activos y porte ilegal de armas, incluidas armas de guerra.
El tribunal también rechazó la petición de extinción de la acción penal presentada por Jolbert José Ramírez Palomo, recurso al que se adhirieron los demás acusados, en un intento por evadir sus responsabilidades legales.
Además, los jueces decidieron excluir el pago de las costas solicitadas por el Ministerio Público —representado por el procurador adjunto Juan Medina de los Santos, la abogada Ángela Díaz Vargas en nombre de las víctimas, el procurador de corte Pedro Medina y el fiscal José Manuel Calzado—, mientras que los procesados fueron condenados al pago de las costas generadas por sus propios recursos de apelación. La sala estuvo conformada por los magistrados Wilson Francisco Moreta Tremols, Martha del Carmen Martínez López y Anelis del Carmen Torres Mago.
Desmantelamiento de la red criminal
La investigación determinó que la estructura era dirigida por Juan Antonio Fernández Fernández y operaba desde el Night Club Casa Blanca, además de utilizar una cadena de moteles ubicados en Santiago y La Vega. En los operativos ejecutados por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, junto a la Fiscalía de Santiago, fueron rescatadas 45 víctimas.
Cinco personas fueron procesadas y condenadas, y todas impugnaron la sentencia. Sin embargo, la Corte confirmó íntegramente la decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, contenida en la Sentencia Penal No. 371-04-2022-SSEN-00099, del 23 de junio de 2022.
Condenas ratificadas
La sentencia original impone:
- Juan Antonio Fernández Fernández: 20 años de prisión, multa de 175 salarios mínimos y pago de RD$14,000,000 como indemnización a dos víctimas.
- Grismelda Acarilis Merejo Salas: 15 años de prisión y multa de 175 salarios mínimos.
- María Magdalena Batista Batista: 10 años de prisión y multa de 50 salarios mínimos.
- Jolbert José Ramírez y Jairo Rafael Correa: 7 años de prisión y multa de 75 salarios mínimos cada uno.
Modus operandi de la red
La organización captaba mujeres en ciudades de Colombia y Venezuela, trasladándolas a Santiago para explotarlas sexualmente en Casa Blanca Night Club. Algunas víctimas eran atadas a las camas, sancionadas por retrasos y obligadas a atender clientes o miembros del grupo criminal.
El establecimiento también utilizaba catálogos con fotografías en ropa interior para que los clientes eligieran a las víctimas, quienes eran solicitadas por teléfono indicando el número correspondiente en el catálogo.