Hoy, el empresario Ramón Báez Figueroa solicitó a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, que lleve a cabo una investigación en relación con el proceso de liquidación del Banco Intercontinental (BANINTER). Alega que se desviaron ochenta millones de dólares en el proceso.
Además, Báez Figueroa ha anunciado que ha iniciado acciones legales contra el proceso de liquidación del banco. Sus reclamaciones incluyen una revisión del proceso de venta de Delta Comercial y las negociaciones de la cartera de préstamos.
En el marco de estas acciones legales, Báez Figueroa ha pedido a la Procuraduría General de la República que inicie una investigación que involucra a cerca de 20 personas y empresas. Entre los solicitados para investigación se encuentran dos altos funcionarios del Banco Central, Ervin Novas Bello y José Manuel Taveras Lay, por supuestas irregularidades en el proceso de liquidación de los activos del Banco Intercontinental.
Báez Figueroa también solicita la investigación de otras personas y empresas, incluyendo al grupo Najri, Delta Comercial, Scotiabank, y al exgobernador del Banco Central, José Lois Malkún, entre otras personalidades.
El principal argumento de Báez Figueroa para solicitar la investigación es la venta de la empresa Delta Comercial, que era propiedad de Baninter y que fue adquirida por el grupo Najri por un valor de 90 millones de dólares. Según la denuncia, solo se entregaron 10 millones de dólares de esa transacción, sin que se haya esclarecido el destino de los 80 millones de dólares restantes.
Los abogados de Báez Figueroa alegan que el grupo señalado habría cometido al menos 12 violaciones a la Constitución y las leyes, y solicitan que los investigados sean procesados por asociación ilícita, testaferrato, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito, soborno y coalición de funcionarios.
Cabe destacar que Ramón Báez Figueroa fue liberado bajo libertad condicional en 2013 tras cumplir una condena relacionada con la quiebra de Baninter. Su libertad condicional le requería presentarse ante el Tribunal de la Ejecución de la Pena el último viernes de cada mes, con vigencia hasta diciembre de 2017. Ni el Ministerio Público ni el Banco Central se opusieron a su libertad condicional.
Es importante recordar que la quiebra de Baninter resultó en una crisis económica sin precedentes en la República Dominicana en 2003.