La primera inyección letal de la historia fue administrada el 7 de diciembre de 1982. En ese año, un hombre de raza negra llamado Charles Brooks de 40 años de edad tuvo la nefasta suerte de ser el primero en probar un revolucionario método de castigo en una cárcel de Texas, en Estados Unidos.
Estados Unidos es el único país democrático, junto con Japón, que a día de hoy, sigue aplicando la pena de muerte, pues está abolida en la mayor parte del mundo. No nos extraña que en China también se utilice.
Para intentar que el reo sufriese lo menos posible fue ideada esta técnica, para dejar de lado la silla eléctrica, la horca, los fusilamientos o la cámara de gas -que provocaban incluso el vómito al público asistente-. La inyección se presentaba un procedimiento menos doloroso para todos.
Así, la inyección letal se basa en una jeringuilla que contiene un cóctel fatal en cantidades considerables: pentotal de sodio, bromuro de pancuronio y cloruro de potasio, que una vez administrada por vía intravenosa en combinación con un químico paralizante, liquida al reo en cuestión de minutos y supuestamente sin dolor. Supuestamente, porque algunos condenados tardaban en morir hasta 45 minutos por no encontrar la vena adecuada u otro motivo similar.
A lo largo de los años, sin embargo, ha habido varios casos en los que las ejecuciones no han salido según lo previsto, lo que ha provocado un sufrimiento prolongado y ha planteado graves cuestiones éticas y jurídicas.
Lo curioso de la inyección letal es que gran parte de las ciudades que cuentan con mayor índice de criminalidad de Estados Unidos se encuentran en estados que aplican la pena de muerte.
Actualmente Estados Unidos debate si este sistema realmente produce una muerte indolora o existe sufrimiento por parte del condenado lo que, por el momento, no ha evitado las ejecuciones. Esto sugiere que la opinión del gobierno de EE. UU. sobre la inyección letal está evolucionando. El debate sobre la inyección letal es un microcosmos de uno más amplio sobre la pena de muerte en sí misma, que plantea profundas preguntas sobre la justicia y el valor de la vida humana, un tema muy controvertido.
A nivel federal, la Administración Trump (2017-2021) restableció las ejecuciones federales en 2020 después de una pausa de 17 años, utilizando un protocolo de un solo fármaco (pentobarbital) para inyecciones letales. Sin embargo, esta política fue revertida bajo la Administración Biden, que impuso una moratoria a las ejecuciones federales en espera de una revisión de las políticas y procedimientos del Departamento de Justicia.
Los críticos argumentan que el proceso de inyección letal, con su apariencia medicalizada, puede crear una apariencia de humanidad y profesionalismo en torno a un acto que consiste esencialmente en quitar una vida humana.