El presidente de Argentina, Javier Milei, planea firmar una disposición para no renovar las contrataciones de empleados públicos que se hayan efectuado en el año 2023. Esta medida comprenderá las contrataciones realizadas en virtud de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional durante este año, así como cualquier otra modalidad de contratación que venza el 31 de diciembre.
Es importante destacar que esta medida no afectará al personal que haya trabajado en el sector público antes del 1 de enero y haya cambiado su modalidad de contratación en 2023. También se excluye a los empleados que los titulares de cada jurisdicción consideren indispensables para el funcionamiento de sus respectivas divisiones.
La administración del Gobierno federal de Argentina cuenta con aproximadamente 500,000 empleados. Sin embargo, si se incluye el personal de las provincias, municipios, empresas públicas, universidades y organismos autónomos, la cifra total asciende a casi cuatro millones.
Además de esta medida relacionada con la no renovación de contratos de empleados públicos, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Milei también incluye reformas laborales controvertidas, como la autorización para realizar despidos discriminatorios por motivos como etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología u opinión política o gremial. Estos despidos discriminatorios permitirían el pago de una indemnización, y han generado oposición por parte de organizaciones sindicales en Argentina.