Proponen prohibir nuevas bancas por 10 años y endurecer regulación del sector apuestas

Una propuesta legislativa sometida en el Senado plantea prohibir la apertura de nuevas bancas de lotería y apuestas deportivas durante un período de diez años y, transcurrido ese plazo, exigir que cualquier nuevo punto de venta se ubique a una distancia mínima de 500 metros de otros negocios similares.

La iniciativa, presentada por el senador Félix Bautista, representante de San Juan por la Fuerza del Pueblo, será debatida a partir del 27 de febrero, cuando inicie la nueva legislatura. El proyecto también establece que las bancas de apuestas deportivas deberán pagar 500,000 pesos para operar, igualando el monto exigido a los casinos.

En su artículo 41, la propuesta dispone que, una vez promulgada la ley, el Estado no podrá autorizar la instalación de nuevos puntos de apuestas de lotería ni deportivas. Solo después de cumplidos los diez años sin nuevas licencias se permitiría la apertura de establecimientos, siempre respetando la distancia mínima establecida.

El texto crea un nuevo esquema de fiscalización y fija, en su artículo 49, un régimen de pagos obligatorios para operar legalmente. En ese marco, la comercialización de juegos mediante internet o telefonía tendría un costo de cinco millones de pesos.

Asimismo, se contempla la creación de la Dirección General de Juegos de Apuestas, un órgano regulador adscrito al Ministerio de Hacienda y Economía, con personalidad jurídica propia y autonomía funcional, presupuestaria y técnica. Esta entidad tendría facultades para autorizar, supervisar y sancionar todas las actividades vinculadas a juegos de azar, incluyendo loterías, rifas, casinos, apuestas deportivas, galleras e hipódromos.

Entre sus atribuciones también estaría la persecución del juego ilegal, con capacidad para solicitar a proveedores de internet y servicios de pago el bloqueo de operadores no autorizados, así como el control de la importación de máquinas tragamonedas y sus repuestos.

En materia de prevención, el proyecto obliga a concesionarios y bancas a promover programas dirigidos a reducir dependencias psicoemocionales asociadas al juego. Además, prohíbe la venta de apuestas a menores de edad y la instalación de establecimientos cerca de iglesias y centros educativos.

La iniciativa introduce un impuesto único anual de 50,000 pesos para cada punto de venta de lotería. Los juegos tipo loto pagarían un 24 % sobre sus ventas brutas, mientras que las loterías instantáneas tributarían un 5 %.

También se establece una segmentación geográfica para las bancas deportivas y máquinas tragamonedas. En Santo Domingo, Santiago y otras grandes ciudades, la tasa anual sería de 261,715 pesos, mientras que en el resto del país se reduciría a 174,477 pesos.

En el caso de las apuestas no presenciales, se aplicaría un impuesto mensual del 10 % sobre las ventas brutas, sin importar dónde opere el servidor o el operador.

El proyecto fue depositado inicialmente en 2024, pero no logró ser aprobado dentro del plazo reglamentario y quedó sin efecto. Ahora ha sido reintroducido para su estudio en la próxima legislatura.