La Cámara de Cuentas realizó una auditoría al Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/Cal) y detectó irregularidades en la compra de bienes tecnológicos por un valor de RD$ 84,800,000. Según el informe, los equipos adquiridos no fueron utilizados, debido a que la empresa proveedora no cumplió con la instalación requerida según lo establecido en el contrato.
El documento señala que la compra del software Rohi Financial al Grupo Candemar, S.R.L., en 2019, no siguió los procedimientos establecidos. Además, se cuestiona que el pago final se realizó antes de completar los requisitos contractuales, ya que el acuerdo indicaba que ese monto debía entregarse únicamente tras la instalación del software y la capacitación del personal, lo que no ocurrió.
La auditoría financiera y presupuestaria de Promese/Cal correspondiente a los años 2018-2020 evidencia que el programa actualmente no está operativo, debido a que el software no era compatible con los sistemas existentes ni satisfacía las necesidades del Programa de Medicamentos Esenciales.
El contrato entre la empresa y la entidad se firmó el 11 de diciembre de 2019, durante la gestión de Albertis Enriquillo Matos (marzo 2019 – agosto 2020) en el gobierno del expresidente Danilo Medina (2012-2020). El último pago al proveedor, por RD$ 67,840,000, se realizó el 18 de mayo de 2020, antes de que se emitiera el informe de satisfacción presentado el 8 de junio de 2020, a pesar de que aún había compromisos pendientes, como la instalación y capacitación del personal.
Según el contrato 2019-352, el artículo 5 establecía los pagos de la siguiente manera:
Primer pago: 20 % del monto adjudicado (RD$ 16,960,000), pagadero en dos semanas tras el registro en la Contraloría General de la República.
Último pago: 80 % restante, condicionado a la finalización de la instalación, configuración y capacitación del personal, mediante la presentación del informe de satisfacción del Departamento de Tecnología de la Información. Este requisito no se cumplió.
La Cámara de Cuentas exhorta a las autoridades actuales a investigar la pertinencia del software, revisar evaluaciones y monitorear futuras contrataciones e implementaciones para detectar posibles irregularidades, ya que la aplicación no cumplió con los objetivos esperados.
Asimismo, el órgano recomienda que se coordine con el proveedor para obtener una respuesta formal sobre los recursos cobrados, dado que el software fue rechazado por no cumplir con los requerimientos establecidos. El informe también solicita investigar por qué los directores de área aprobaron la compra del software sin asegurarse de su funcionamiento.
Los auditores constataron que áreas clave como almacenamiento y despacho, cuentas por pagar, ingresos, la Dirección de Farmacias del Pueblo, y otras dependencias continuaban operando manualmente, a pesar de la inversión de RD$ 84,800,000 en un programa automatizado financiado con fondos públicos que nunca llegó a funcionar.