Una vez activado el mecanismo de consultas, en caso de no llegar a un arreglo el siguiente paso será elevar las quejas a un panel de solución de controversias.
La solicitud que finalmente hizo EE.UU. el pasado 20 de julio para activar el mecanismo de consultas del T-MEC estaba más que anunciada.
Desde por lo menos el año pasado, tanto funcionarios del Gobierno como legisladores de ambas Cámaras no solo cuestionaron, sino rechazaron, la política energética implementada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Una vez activado el mecanismo, son 75 días los contemplados para llevar a cabo un diálogo entre las partes y buscar llegar a un acuerdo. El plazo puede ampliarse.
Para el Gobierno de la denominada ‘Cuarta Transformación’ las diferencias con EE.UU. con respecto al sector energético no son solamente de tipo administrativo o técnico, como se sostiene en la mayoría de los análisis sobre el tema. Se trata de la defensa de un modelo de desarrollo que definirá el rumbo de la nación latinoamericana.
Un país de puertas abiertas a la inversión extranjera sin restricciones y con creciente dependencia hacia el exterior, o un país soberano, con capacidad de decisión sobre sus políticas y recursos naturales.
El eterno diferendo
Es sabido que la política energética del presidente López Obrador no gusta en los círculos empresariales de EE.UU.
Ya desde que era candidato a la presidencia, hombres de negocios de la Unión Americana miraban con recelo sus propuestas para el sector.
En septiembre de 2017, en una de sus visitas a Nueva York, López Obrador se reunió con consejeros, inversionistas y clientes de JP Morgan, un encuentro donde se buscaba despejar dudas en torno a sus planteamientos.
Había incertidumbre en el exterior sobre si, en caso de resultar electo presidente, echaría abajo la reforma energética de 2013, como había prometido en marzo de 2014, cuando hizo un «juramento patriotico » para «luchar sin tregua ni descanso» (sic) hasta conseguir ese objetivo.
Una iniciativa cuyos cambios habían implicado abrir la puerta a la inversión privada en rubros que hasta entonces habían permanecido reservados para el Estado.
Hay que recordar que en noviembre de 2013, antes de promulgarse la reforma, AMLO envió una carta a Rex Tillerson, en ese entonces director de la petrolera estadounidense Exxon Mobil Corporation y quien más tarde se convertiría en titular del Departamento de Estado en la Administración de Donald Trump.
En la misiva, el en ese entonces líder de la oposición en México advertía que, «firmar contratos de utilidad compartida o invertir en refinación, la petroquímica, el gas y la industria eléctrica, sería como comprar mercancía sin factura, algo chueco, propio de la piratería».
Por tal razón es que en 2017, a medida que la popularidad de AMLO ‘subía como espuma’ en las encuestas rumbo a la elección del año siguiente, aumentaba el temor entre empresarios estadounidenses sobre el futuro de las inversiones en el sector energético.
Lo conversado en Nueva York, ‘meca del capital financiero’, se mantuvo bajo reserva. Sin embargo, meses después, ya en campaña, López Obrador precisó que se «respetarían los contratos» en caso de llegar a la presidencia.
En el capítulo ocho del acuerdo comercial quedó establecido que la nación latinoamericana iba a seguir ejerciendo su soberanía sobre recursos energéticos, reservándose el derecho de hacer cambios a su Constitución y legislación interna.
Aseveró también, sin embargo, que había que adoptar una «nueva» política energética para «rescatar» al sector de la «crisis» en la que se encontraba tras décadas de «saqueo neoliberal».
Aun con la privatización a cuestas producto de la reforma constitucional de 2013, AMLO intentó maniobrar para evitar la debacle de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De ahí que, desde la segunda mitad de 2018, meses antes de su toma de posesión, buscó garantizar que no hubiera trabas que le impidieran hacer algunos ajustes en el sector.
Para esa misión designó a Jesús Seade como representante en la mesa de negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Seade, actualmente embajador de México en China, logró en ese momento sacar del limbo las negociaciones y, finalmente, alcanzó un acuerdo con los Gobiernos de Canadá y EE.UU. para suscribir un pacto comercial con nuevas reglas, el T-MEC.
Uno de los puntos clave de las negociaciones fue que López Obrador solicitó la incorporación de un capítulo especial, sobre la política energética de México, hoy motivo de controversia con EE.UU. y Canadá.
En el capítulo ocho del acuerdo comercial quedó establecido que, con independencia de que México suscribiera el T-MEC, la nación latinoamericana iba a seguir ejerciendo su soberanía sobre recursos energéticos, reservándose el derecho de hacer cambios a su Constitución y legislación interna.