El Parlamento húngaro aprobó recientemente una enmienda a la legislación sobre reuniones públicas, la cual prohíbe la realización del Desfile del Orgullo LGTBI en el país. Esta modificación, presentada por el partido Fidesz del primer ministro Viktor Orbán, cuenta con el apoyo de los legisladores de extrema derecha y se justifica por la necesidad de proteger a los menores de edad. La propuesta fue ratificada con 136 votos a favor, 27 en contra, y 36 abstenciones, marcando una nueva fase en las restricciones del gobierno húngaro hacia la comunidad LGTBI, que ha enfrentado otras medidas similares en los últimos años.
La nueva ley, conocida como «ley de defensa de los menores», prohíbe las manifestaciones públicas que promuevan temas como el cambio de sexo o la homosexualidad. Según el gobierno, la intención es garantizar el bienestar físico, mental y moral de los menores. Sin embargo, muchas voces críticas consideran que esta ley representa un ataque a las libertades individuales y un retroceso en los derechos de las personas LGTBI.
Desde la organización del Desfile del Orgullo de Budapest, que culmina cada año con una marcha en apoyo a la comunidad LGTBI, se ha expresado que esta ley es un ataque a las libertades básicas y una forma de discriminación. En su comunicado, Pride Budapest criticó la medida, calificándola de «fascista», y destacó que no se trata de proteger a los menores, sino de restringir derechos fundamentales. Esta enmienda se añade a la ya controversial ley de defensa de los menores aprobada en 2021, que vinculaba la homosexualidad con la pederastia, lo cual ha sido ampliamente rechazado por numerosas organizaciones internacionales.
A pesar de las restricciones, los organizadores del Pride de Budapest han reafirmado su compromiso de seguir celebrando el Día del Orgullo, que este año celebra su 30 aniversario en el país. En respuesta a la ley, se anticipa que continuarán movilizando a la comunidad LGTBI para defender sus derechos y desafiar la prohibición impuesta por el gobierno. Además, el apoyo a la marcha ha crecido en los últimos años, según encuestas recientes, con una disminución en el porcentaje de ciudadanos que favorecen la prohibición del evento, pasando del 34% en 2019 al 27% en la actualidad.
La nueva legislación también contempla sanciones para quienes participen en actividades relacionadas con el cambio de sexo o la homosexualidad, incluyendo multas y otras medidas punitivas. Además, incorpora una enmienda constitucional que prioriza el derecho de los menores a recibir cuidados adecuados para su desarrollo, por encima de otros derechos fundamentales, excepto el derecho a la vida. Esta reforma constituye un paso más en la política restrictiva del gobierno de Orbán.
A lo largo de los últimos años, Hungría ha ido restringiendo gradualmente los derechos de la comunidad LGTBI, como lo evidencia la modificación constitucional de 2011, que define el matrimonio exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer, y la prohibición de adopciones por parejas del mismo sexo. Además, el gobierno ha limitado la difusión de contenidos sobre la homosexualidad en espacios dirigidos a menores, exigiendo que los libros relacionados con este tema sean envueltos en sobres cerrados en las librerías.